Europa exigirá saber de qué campo salió cada vaca y Salta recién arma el sistema

El Gobierno provincial y las entidades más grandes del campo salteño empezaron a discutir cómo van a hacer para demostrarle a Europa de qué campo salió cada animal. El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, encabezó una mesa de trabajo con referentes de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), la Sociedad Rural Salteña, la Federación de Entidades Rurales de Salta (FEDERSAL), la asociación civil CREA y Salta Forestal, con el objetivo de coordinar las herramientas públicas y privadas que haría falta poner en marcha para una estrategia provincial de trazabilidad ganadera.

Lo que los apura tiene número y fecha. Es el Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea, la norma que regula el ingreso al bloque de materias primas y de productos derivados del sector bovino, y cuya entrada en vigencia está prevista para el 31 de diciembre de este año. Le pide al exportador dos cosas que hoy nadie certifica de manera centralizada en la provincia: acreditar con documentación la geolocalización del establecimiento donde se originó el producto, y garantizar que esa producción no viene de suelos deforestados después del 31 de diciembre de 2020.

Es la segunda condición la que vuelve el asunto espinoso acá y no en cualquier provincia ganadera. A principios de noviembre, un relevamiento de Greenpeace calculó que Salta ya desmontó este año más superficie que en todo 2025. El reglamento europeo no se fija en el total provincial sino en el lote del que salió cada embarque, pero el mapa que mira es el mismo, y la fecha de corte que fija —fines de 2020— deja adentro del período bajo examen casi todo el desmonte reciente.

De eso se habló en la reunión: de los desafíos operativos y comerciales que plantea la norma, según el parte difundido por la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Provincia. La idea que quedó planteada es un sistema integral que junte los datos de cada establecimiento y de cada lote productivo, de manera que el exportador pueda responder los procedimientos de diligencia y verificación que le van a reclamar los compradores del otro lado del Atlántico.

Conviene ser preciso con la grada en la que está el tema, porque el comunicado oficial lo deja en claro: hubo una mesa de trabajo, no un sistema en funcionamiento. No se anunció un cronograma de implementación, ni quién va a cargar los datos, ni cuánto va a costar, ni cuántos establecimientos salteños exportan hoy carne al bloque europeo. Lo que hay es una conversación entre el ministerio y cinco entidades del sector, a poco más de siete semanas de la fecha en que la norma empieza a regir.

Para el productor del este salteño la diferencia es concreta. Si en diciembre el comprador europeo pide la geolocalización del campo y el certificado de no deforestación y no hay un sistema provincial que los provea, cada establecimiento tiene que armarse el suyo. Esa es, en los hechos, la dispersión que la Provincia dice querer evitar al sentar en la misma mesa a quienes tienen los datos —las entidades rurales— y a quien tiene los registros públicos. Es la segunda exigencia europea que le cae encima al campo salteño en pocas semanas: la exclusión de los ramales C-14 y C-15 de la privatización del Belgrano Cargas ya había encendido la alarma del sector por el costo de sacar la producción del norte.