Internación involuntaria: el Senado vuelve a discutir los cambios a la Ley de Salud Mental

El Senado volverá a tratar la reforma de la Ley de Salud Mental, un proyecto del Gobierno nacional que estaba frenado y que el oficialismo quiere reactivar en los próximos días. La discusión gira alrededor de dos ejes: en qué casos se puede internar a alguien sin que lo consienta y cómo se atiende a chicos y adolescentes con consumo problemático de sustancias. Los detalles de la negociación fueron difundidos por la agencia Noticias Argentinas.

Nada de esto está aprobado todavía. El texto sigue abierto y puede cambiar en el recinto, algo que conviene tener presente para quien acompaña a una persona en tratamiento: lo que está en juego son cuestiones muy concretas, como quién evalúa una internación, quién la firma y qué pasa después del alta.

En qué se diferencia de la ley que rige hoy

El borrador del Gobierno pide que una internación involuntaria quede respaldada por dos profesionales, y que uno de ellos sea médico, con preferencia por la especialidad en psiquiatría. Como condición de fondo plantea que exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física, sea del propio paciente o de otras personas.

La comparación con la norma actual acota bastante la novedad. La ley vigente también exige dos firmas, pero de disciplinas distintas, y admite que una de ellas sea de un psicólogo o de un médico psiquiatra. Además ya define la internación sin consentimiento como un recurso excepcional, habilitado únicamente frente a un riesgo cierto e inminente. Lo que se discute, entonces, es el perfil de quienes deciden y la redacción del riesgo exigido: dos retoques de precisión más que un cambio de criterio.

El después del alta y los chicos con consumo problemático

Un segundo bloque del proyecto se corre del momento del ingreso y mira la salida. Propone que el egreso se planifique desde el diagnóstico, es decir desde el primer día de la internación, y crea canales formales de comunicación con familiares o representantes legales. El alcance exacto de esas obligaciones dependerá del texto que consiga los votos.

Para el consumo problemático en la infancia y la adolescencia, la iniciativa pide equipos con formación específica en atención infantojuvenil, en lugar de derivar esos casos a dispositivos pensados para adultos.

La senadora Patricia Bullrich es la que empuja el proyecto y viene buscando acuerdos por dos vías: con los ministros de Salud de las provincias y con los bloques aliados dentro de la Cámara.

Lo que todavía no se sabe sobre Salta

Acá está el límite de la información disponible, y vale decirlo con claridad: no hay nada en la negociación que detalle cómo se aplicaría la reforma en los hospitales o en los servicios de la provincia. El interés salteño es por el alcance de una ley nacional, no por medidas locales ya definidas.

El dato propio que sí existe es de demanda. En Salta, las consultas de salud mental crecieron 19% y pasaron las 104 mil en el primer semestre, un volumen que cae sobre el mismo sistema que tendría que absorber cualquier cambio en las reglas de internación.

La discusión argentina llega además en un momento en que el organismo sanitario internacional empuja para el otro lado: hace pocos días la OMS presentó una guía para desinstitucionalizar la salud mental y tratar a los pacientes en la comunidad. Por ahora, que el Senado retome el tema no significa que la reforma vaya a salir: hasta que haya votación, lo que manda son las condiciones de la ley actual.