Caso $LIBRA: Estados Unidos no vio pruebas de delito y cerró el pedido de la Justicia argentina

El gobierno de Estados Unidos le comunicó formalmente a la Argentina que no entregará los registros que había pedido la Justicia argentina para investigar el lanzamiento y el colapso de $LIBRA, porque considera que la información girada desde Buenos Aires no alcanzó para demostrar que se hubiera cometido un delito. La carta, hasta ahora no difundida, fue obtenida por el diario La Nación.

"Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto", escribió la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia. El texto, de una carilla y firmado por la fiscal Mari Aponte, se remitió al Ministerio de Justicia argentino para que lo presentara ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la investigación por presunto fraude en Comodoro Py.

El criterio que fijó Washington

Más allá del caso puntual, la respuesta dejó sentada una pauta general sobre las inversiones en criptoactivos. "Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados", señaló el Departamento de Justicia. Y agregó que "las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades".

La carta no mencionó por su nombre a ningún político en el cuerpo del texto, aunque el presidente Javier Milei sí figuró en la carátula. $LIBRA fue impulsado por el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y Milei difundió en su cuenta de X el código necesario para adquirirlo. Tras el derrumbe, el Presidente borró el posteo y sostuvo que se había limitado a "difundir" y no a "promocionar" el proyecto.

Los tiempos del expediente

El pedido argentino buscaba acceder a "registros de suscriptor" y llegó al Departamento de Justicia el 8 de abril de 2025. Los funcionarios estadounidenses reclamaron información adicional en dos oportunidades, el 24 de abril y el 31 de julio de 2025. La primera respuesta argentina llegó en esa última fecha; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después.

Es el mismo canal de cooperación bilateral que viene apareciendo en otras causas de alto perfil: este año, en sentido inverso, la Justicia de Estados Unidos pidió datos sobre un ex dirigente de Central Córdoba vinculado a Pablo Toviggino en el marco de la investigación por la corrupción en la AFA.

La demanda que cayó en Nueva York

La comunicación oficial se fechó el 28 de septiembre en Washington, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon desestimara en Nueva York la demanda colectiva de los inversores damnificados y dispusiera el cierre de esa causa. Rochon admitió los pedidos de desestimación de Davis y del resto de Kelsier Ventures, de Benjamin Chow y de Dynamic Labs, y rechazó que los demandantes ampliaran otra vez su denuncia.

La magistrada concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían acreditado las acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violación de la ley federal RICO. En su resolución mencionó 18 veces a Milei y consignó que Davis había enviado mensajes a terceros en los que afirmaba tener "control" sobre el jefe de Estado.

Nada de esto cierra la investigación penal argentina, que sigue en trámite en Comodoro Py sin los registros que había solicitado. Tampoco se precisó si la Sección Fraudes del Departamento de Justicia lleva adelante una pesquisa propia: tras el colapso de $LIBRA recibió al menos un reporte de operaciones criminales, ante la sospecha de una estafa de entre 87 y 107 millones de dólares que afectó a inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países.

El trasfondo político del caso llega en un momento en que el índice de confianza en Milei viene en baja, de cara al año electoral.