El Gobierno cedió ante sus aliados y destrabó en el Congreso la Ley Malvinas

El oficialismo aceptó introducir cambios sustanciales al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei envió al Congreso, para asegurarse el respaldo de sus aliados antes del debate en comisiones. El texto acotó las prohibiciones a las empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas, reformuló el polémico delito de "desinformación masiva" y le dio al Congreso más control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo en la materia.

La idea de Martín Menem es dejar el proyecto listo para el recinto cuanto antes. Este martes está convocado un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con especialistas invitados, y un referente del bloque libertario confió que "esta semana se dictamina", aunque no descartó que el debate se extienda hasta el jueves. Las modificaciones ya circulan entre los despachos oficialistas y todavía podrían sumar ajustes durante el debate.

El capítulo de las sanciones a las empresas fue el que más cambios sufrió. La versión original alcanzaba de manera amplia a cualquiera que mantuviera vínculos económicos con una firma infractora; ahora, para sancionar a un proveedor, hace falta que sus bienes o servicios sean indispensables para la actividad ilegal y que no pueda desconocer razonablemente su destino. También quedan afuera los accionistas minoritarios con hasta el 2% de participación y los fondos de inversión sin poder de decisión sobre los activos. Las multas se recalcularon —de dos a cuatro veces el beneficio indebido, o de 2.000 a 40.000 barriles de petróleo si ese monto no puede determinarse— pero la pena mínima de prisión para proveedores bajó de cinco a dos años, y se suma un agravante para los daños ambientales graves.

El proyecto también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento, con cuatro diputados y cuatro senadores, que deberá recibir aviso dentro de las 48 horas de cada sanción o medida urgente que tome el nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Ahí aparece un detalle político: entre las autoridades que pueden integrar ese consejo figuran los presidentes de ambas cámaras y los gobernadores, pero no la vicepresidenta Victoria Villarruel, que semanas atrás ya había marcado distancia del Gobierno por el freno a esta misma ley.

El otro cambio sensible está en el artículo que castigaba la "desinformación masiva" con penas de cinco a doce años de prisión: la nueva redacción lo reemplaza por el delito de "campaña de injerencia extranjera" y aclara de manera expresa que no incluye a la actividad periodística ni a la investigación académica, después de los cuestionamientos de organizaciones de prensa por la posible afectación a la libertad de expresión.

El proyecto nació en septiembre, cuando Milei lo anunció por cadena nacional tras un gesto de Donald Trump hacia la posición argentina sobre las islas. Según contó LA NACION, el texto fue impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, y esta última etapa de la negociación —que ya venía resistida por parte de los aliados del oficialismo— quedó a cargo de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal.