Pese a la presión de Estados Unidos, el Gobierno cedería ante los aliados para aprobar la Ley Malvinas

El Gobierno nacional avanzaría con modificaciones al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, pese a las presiones de Estados Unidos, para asegurarse los votos de los bloques dialoguistas y lograr su aprobación en el recinto.

La señal surgió de una reunión que mantuvieron el viernes el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario Adrián Pagán, de confianza del titular de la Cámara baja, Martín Menem.

El encuentro se conoció este sábado a través del vocero presidencial Adrián Ravier, quien en su cuenta de X confirmó que el oficialismo recibió sugerencias de distintos espacios: el peronismo, el MID y el PRO, además de aportes de legisladores de las provincias y de la mendocina Pamela Verasay. La UCR no fue mencionada en el posteo, aunque Clarín pudo confirmar que también hizo llegar sus propias observaciones.

"Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible ya que esta Ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos", sostuvo Ravier, en la misma línea que el presidente Javier Milei, quien en un acto de la Fundación Faro insistió en que las islas "van a volver a ser argentinas".

La iniciativa había generado tensión puertas adentro del propio Gobierno después de que trascendieran las gestiones de Estados Unidos para que la norma no afectara a empresas estadounidenses. El subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, había manifestado su preocupación por el impacto que tendrían las sanciones previstas sobre las inversiones norteamericanas, al punto de que en el Congreso llegó a circular la versión de un posible congelamiento del proyecto. Las penalidades en cuestión no sólo alcanzan a las empresas que operan en las islas, sino también a sus filiales, proveedores, accionistas e intermediarios financieros.

De todos modos, la Casa Rosada decidió seguir adelante: el debate continúa la semana próxima en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con el objetivo de reunir un dictamen de mayoría.

Entre los cambios que Caputo habría aceptado —la letra final se termina de definir en una reunión pautada para el martes— figura la incorporación del Ministerio de Seguridad como miembro permanente del Consejo de Seguridad que crea el proyecto, un organismo que en su redacción original sólo integraban el Presidente, el canciller, Defensa, Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. En el Congreso atribuyeron esa ausencia inicial a la tensión entre un sector del Gobierno y la ex ministra Patricia Bullrich.

También ganaría terreno la creación de una comisión bicameral para controlar al Consejo de Seguridad —un reclamo que la propia Ibarzabal ya había adelantado ante los diputados— y un cambio pedido por el diputado del MID Eduardo Falcone: que cualquier decisión militar extrema, como derribar aviones o hundir buques hostiles, necesite el aval previo del Congreso y no quede sólo en manos del Poder Ejecutivo.

Un capítulo aparte es el de las "infraestructuras críticas", todavía en discusión: el texto original las define de manera muy amplia y pondría en cabeza de sus propietarios y operadores —con el visto bueno del Consejo de Seguridad— las medidas de protección, incluidas las responsabilidades que les caben a las provincias.

El oficialismo también aceptaría revisar el artículo 111, que fija penas de entre 5 y 15 años de prisión para quien actúe por cuenta de un Estado u otro agente extranjero para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública con campañas de desinformación. El Gobierno apunta a una figura penal más acotada, que deje expresamente afuera a la actividad periodística, académica y al debate público, después de que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionara la amplitud de esos términos.

La intención oficial es firmar el dictamen el martes para poder incluir el proyecto en la próxima sesión, algo que ya se había intentado sin éxito la vez pasada, cuando las negociaciones se extendieron y el tema quedó afuera del temario que sí incluyó emergencia en discapacidad y la Ley de Tierras.

El trasfondo de esta negociación es la misma interna que ya había salido a la luz cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel marcó distancia del Gobierno tras el freno a la Ley Malvinas: un proyecto que el oficialismo necesita aprobar, pero que lo obliga a correr entre la presión externa de Washington y las exigencias internas del Congreso.