Buscan en Estados Unidos a diez cubanos por asaltos, delitos contra menores y fraude sanitario
Una recopilación con nombres del FBI y de la Oficina del Inspector General de Salud de EE.UU. reúne diez fugitivos cubanos acusados en causas que van de un robo armado a esquemas de fraude al Medicare por millones de dólares.

Un repaso elaborado por el sitio Periódico Cubano y retomado por Infobae junta a diez cubanos que figuran como requeridos por la Justicia de Estados Unidos, con cargos que van desde un robo a mano armada hasta maniobras para cobrarle de más al sistema de salud. Las fichas provienen de dos oficinas distintas, el FBI y el área de investigaciones del Departamento de Salud (HHS-OIG), y algunas llevan casi veinte años abiertas sin que se dé con los acusados.
Un rasgo se repite en buena parte de los expedientes: entre los lugares donde podrían estar escondidos, los investigadores anotaron a Cuba, sin que eso equivalga a saber con certeza si están ahí.
El expediente más nuevo tiene fecha del 6 de enero de 2026, cuando un grupo entró a una joyería de Cape Coral, en Florida, abrió un boquete en la pared, apuntó con un arma al encargado y escapó con alhajas por más de un millón de dólares. Por ese golpe se busca a Alberto Pérez Elías, de 57 años, contra quien pesa una orden judicial desde el 24 de junio; el FBI llegó a ofrecer USD 50.000 a cambio de datos que permitan dar con su paradero, mientras que al resto de la banda ya la detuvieron. Lo describen como alguien que puede estar armado.
A esa lista se suma Alejandro T. Pena Lam, de 25 años y vinculado a Miami, al que el FBI de Tampa le atribuye haber convencido a una nena de 13 para que generara y compartiera material ilegal por la web.
Las clínicas y el dinero del Medicare
El resto de los prófugos quedó enredado en causas de fraude contra el Medicare. Tres hermanos, Carlos, José y Luis Benítez, habrían manejado centros de infusión para enfermos de VIH en Miami y cobrado al Estado por prestaciones que nunca ocurrieron: el esquema habría obtenido unos USD 110 millones.
Hay otros cuatro nombres con montos menores pero del mismo patrón: facturar tratamientos ficticios. Amaury Pérez —señalado desde 2015 por lavar dinero y estafar a Medicare junto a sus socios— habría cobrado de forma irregular unos 2,5 millones de dólares, y a Bárbaro Ortega y Raúl Camejo, denunciados en 2009 por pedidos de pago vinculados a equipamiento médico, el programa les giró 972.413 dólares de los 3,3 millones que reclamaron.
Jorge Caro usó identidades de personas ya fallecidas para armar pedidos de reembolso por unos USD 5,2 millones, de los cuales la clínica llegó a cobrar 1,63 millones. El décimo apellido de la lista, Jorge Iglesias-Vázquez, nació en Cuba y enfrenta una causa desde 2008 por un esquema que le habría dejado cerca de USD 1,1 millones del Medicare, aunque su nombre ya no figura entre los buscados que publica hoy la oficina del FBI en Tampa.
Las dos agencias trabajan por separado pero suelen cruzar información cuando hay sospecha de fraude sanitario, en coordinación con el Departamento de Justicia, y mantienen listas públicas para que cualquiera aporte pistas sobre estos prófugos.
Que Cuba figure en estos registros como posible paradero no equivale a una confirmación de que alguno de los diez requeridos esté efectivamente en la isla: es apenas una de las ubicaciones que las autoridades no pueden descartar mientras las causas, algunas con casi veinte años de antigüedad, permanezcan abiertas.
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