Florida le pidió a la Justicia que frene a OpenAI hasta que un tercero audite sus modelos
La fiscalía de Florida amplió su demanda contra OpenAI y pide que un tribunal le prohíba lanzar modelos nuevos sin controles de seguridad externos y que le bloquee el acceso a ChatGPT a los menores.

La fiscalía general del estado de Florida, en Estados Unidos, le pidió a un tribunal estatal que le ordene a OpenAI frenar el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial hasta que cuente con una supervisión de seguridad independiente, y que le bloquee el acceso a ChatGPT a los menores de edad. Así lo informó infobae.
El fiscal general James Uthmeier presentó una moción de 49 páginas ante el Décimo Circuito Judicial de Highlands County, con seis pedidos. Los dos más duros: que la empresa no lance modelos nuevos sin que terceros independientes aprueben antes sus controles de seguridad, y que corte la recolección de datos de chicos. El resto apunta al marketing y al diseño del producto: que OpenAI deje de presentar a ChatGPT como algo seguro, que le saque los rasgos que lo hacen sonar humano y que elimine los trucos para que el usuario no corte la charla.
"Le están pidiendo al gobierno que los ate al mástil", escribió Uthmeier en el escrito, en referencia a los propios llamados de OpenAI a desacelerar el desarrollo de sus modelos más avanzados. En un video publicado en la red social X, el funcionario agregó: "si Sam Altman quiso decir lo que dijo sobre bajar el ritmo, que se sume a nuestro pedido ante el tribunal".
Si el pedido prospera, la medida cautelar sería la primera orden judicial en Estados Unidos que condiciona el lanzamiento de un modelo de frontera de inteligencia artificial a la aprobación previa de un evaluador externo. La audiencia todavía no tiene fecha en el circuito de Highlands County.
Una demanda que empezó en junio
La solicitud amplía una demanda que Uthmeier había presentado en junio de 2026, la primera de un fiscal estatal contra OpenAI por el impacto de ChatGPT en usuarios jóvenes. Ese expediente nació de una causa penal que se abrió en abril, a raíz de un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida en 2025 cuyo sospechoso, según la investigación, habría usado la herramienta de inteligencia artificial antes de atacar.
El caso pasó brevemente a la Justicia federal cuando OpenAI intentó que se tratara ahí, por una mención a la ley de privacidad infantil, pero la jueza Aileen Cannon lo devolvió al circuito de Highlands County. La fiscalía acusa a la empresa de prácticas comerciales desleales, negligencia y fallas de diseño en su producto, entre otros cargos que todavía no fueron probados ante la Justicia.
Los argumentos del Estado
Para reforzar el pedido, el escrito menciona un ataque informático reciente a la plataforma Hugging Face en el que habrían participado agentes autónomos de OpenAI, además de reportes de intentos de acceso a servidores de gobiernos de Estados Unidos y Australia.
También menciona la carta abierta "Pacing the Frontier", que firmaron más de 1.300 empleados del sector para pedir que se frene por la fuerza el avance de los modelos de mayor potencia. El escrito también usa en su contra las propias palabras del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman: el 23 de septiembre, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que la empresa "no debería entrenar modelos sobre los cuales no pueda sostener con fuerza que va a mantenerlos bajo control humano". Y cita al científico jefe de OpenAI, Jakub Pachocki, que había pedido "intervenciones más amplias" frente a los riesgos del desarrollo acelerado.
Desde OpenAI, el vocero Drew Pusateri salió a contestar: dijo que la compañía no oculta cómo avanza su tecnología y que viene trabajando junto a los gobiernos de Florida y de otros estados. "La gente quiere saber que la inteligencia artificial se desarrolla de forma segura", sostuvo, y agregó un dato que ya circulaba antes de la moción: el viernes previo, la empresa había anunciado que ponía en pausa el entrenamiento de sus modelos más avanzados hasta confirmar salvaguardas adicionales.
El reclamo por los menores
Una parte sustancial de la moción apunta al uso de ChatGPT por parte de niños y adolescentes. Según estudios citados en el escrito, uno de cada cinco preadolescentes ya usa algún chatbot de inteligencia artificial. A partir de ese dato, la fiscalía acusa a OpenAI de haber juntado información sensible de chicos menores de 13 años —edad, ubicación, audio, video y hasta datos de salud— sin pedirles a los padres el permiso que la ley federal exige para ese tipo de recolección.
El equipo legal del Estado apunta, además, contra una costumbre puntual del chatbot: cuando termina de responder, suele proponerle al usuario seguir charlando. Para la fiscalía, eso no es un detalle de diseño sino un mecanismo pensado para que la gente pase más tiempo del necesario dentro de la aplicación. Ya en la demanda original de junio, la fiscalía había definido a ChatGPT como un riesgo para la seguridad de menores y de adultos en situación vulnerable. Y no es la única causa que enfrenta la empresa: hay particulares de otros estados que también la demandaron por episodios ligados al uso del chatbot.
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