El Gobierno rechazó el reclamo de Reino Unido para frenar el arbitraje por el petróleo en Malvinas
La Cancillería argentina respondió al Reino Unido después de que Londres calificara de intento de "socavar" derechos el pedido argentino de arbitraje internacional por la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las islas Malvinas.

La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, respondió este jueves al Reino Unido después de que Londres rechazara el pedido de arbitraje internacional que la Argentina presentó para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas, conocida como Proyecto Sea Lion. Así lo informó La Nación, que accedió al comunicado oficial.
Horas antes, el Reino Unido había calificado el recurso argentino al arbitraje como un intento deliberado de "socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno". La frase pertenece a la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien sostuvo que "el pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros".
El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino contestó en duros términos: "La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como un intento de 'socavar' los derechos de alguien. Nada más alejado de la realidad". El texto agrega que "someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado" y que el objetivo no es dañar a nadie sino "preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales".
La respuesta llegó en medio de una escalada diplomática entre ambos países a partir del avance del Proyecto Sea Lion, una iniciativa de la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum para extraer petróleo a unos 220 kilómetros de las islas, un territorio reclamado por la Argentina y administrado por el Reino Unido. El comunicado recuerda que ambos países son Estados Partes de la Convemar y que, al ratificarla, aceptaron los procedimientos obligatorios previstos en su Parte XV: "Si el Reino Unido está realmente convencido" de que actúa conforme al derecho internacional, "nada tiene que temer de un tribunal".
La Cancillería también invocó dos resoluciones históricas de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 (XX) invitó a Argentina y Reino Unido a negociar sin demora una solución pacífica a la disputa de soberanía, mientras que la Resolución 31/49 instó a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras ese proceso siguiera abierto. Para el Gobierno argentino, la exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa "constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo".
El texto oficial sostiene además que el respeto al modo de vida de los isleños, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, "no está en discusión", y rechaza "la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos" que, según la Argentina, el Reino Unido pretende imponer sin que las Naciones Unidas lo hayan aplicado a los actuales habitantes de las islas. La Cancillería cerró el comunicado reafirmando "su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas".
El yacimiento de Sea Lion está ubicado al norte de las islas y avanzó en los últimos meses pese al conflicto de soberanía. Navitas opera el proyecto con una participación del 65%, mientras que Rockhopper conserva el 35% restante. Ambas compañías tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión por US$1800 millones para desarrollar la primera fase, con producción inicial prevista para el primer trimestre de 2028.
Las dos firmas ya habían reaccionado tras un discurso del presidente Javier Milei a comienzos de septiembre, cuando el mandatario anunció un aumento de sanciones y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. En esa oportunidad señalaron que operan "en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las islas" y con "el pleno y continuo apoyo del gobierno del Reino Unido". El miércoles, Rockhopper volvió a calificar de "ilegítimas" las sanciones argentinas a las empresas que explotan petróleo en Malvinas y confirmó que seguirá adelante con el proyecto junto a Navitas. En su informe semestral, la compañía afirmó que no espera que los hechos recientes tengan "un efecto material sobre las actividades de desarrollo".
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