Condenaron al hijo de Lázaro Báez a una pena unificada de siete años y nueve meses en la causa Vialidad

Martín Báez, el hijo mayor del empresario kirchnerista Lázaro Báez, suma una nueva condena por el fraude con la obra pública de Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Esta vez le tocaron tres años de prisión, pero el tribunal los unió a otra pena firme de seis años y seis meses que ya tenía por lavado de dinero. El resultado es una pena única de siete años y nueve meses de cárcel, según el fallo que difundió Clarín.

Firmó la sentencia Andrés Basso, juez del Tribunal Oral Federal 2, tras avalar un juicio abreviado que acordaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con los abogados de seis acusados. Es un tramo nuevo de la causa que se conoce como Vialidad II: la continuación del expediente en el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez ya habían sido condenados a seis años de prisión por administrar de forma fraudulenta fondos del Estado. Lo que se resolvió ahora es la responsabilidad de empresarios y exfuncionarios que, en el primer juicio, todavía esperaban sentencia.

Para la fiscalía, el hijo del empresario fue una pieza necesaria para que las obras viales de Santa Cruz terminaran en manos de las firmas de su padre: tuvo un rol activo en Austral Construcciones, en Kank y Costilla y en otras sociedades que ejecutaron esos contratos. Luciani y Mola describieron un circuito armado desde el Estado para favorecer esas licitaciones, con reglas de contratación pública que, sostuvieron ante el tribunal, quedaron vulneradas de punta a punta.

El expediente madre quedó cerrado el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema le dijo que no a los últimos recursos de las defensas. A partir de ese fallo firme, el tribunal les hizo extensivo a Báez y a otros cinco condenados el decomiso que ya pesaba sobre la causa: 684.990 millones de pesos, actualizados a julio de 2025. No es plata nueva que se suma, aclaró el juez, sino la misma obligación original que ahora también alcanza a quienes recién fueron sentenciados. A la pena de prisión se le suma una multa de cinco veces ese monto y el pago de las costas del juicio.

La misma resolución condenó a Julio Mendoza, que presidió Austral Construcciones, a tres años de cárcel por su participación necesaria en la maniobra. Como Mendoza ya cargaba con cinco años firmes por lavado de dinero, la Justicia fusionó ambas penas en cinco años y nueve meses, y le mantuvo la prisión domiciliaria. El empresario Fernando Butti, acusado por el mismo hecho, recibió dos años y seis meses en suspenso.

Basso remarcó en sus fundamentos que estos seis condenados forman parte de un segundo tramo del mismo proceso que ya había terminado con sentencia para la expresidenta y para Lázaro Báez, y que buena parte de la prueba reunida entonces le dio a este juicio abreviado una base más sólida que la habitual en ese tipo de acuerdos.

La causa Vialidad todavía no cerró del todo: los exfuncionarios Sandro Férgola, Gustavo Gentili y Fernando Abrate esperan su turno en un juicio oral, mientras que a Myriam Costilla le aprobaron una suspensión del proceso a prueba.