Anta: Vialidad definirá cuándo frenar a los camiones tras las lluvias para cuidar las rutas 41 y 52

En Anta la cosecha sale por caminos de tierra. Cuando llueve y los camiones cargados pasan igual, la huella queda marcada durante meses y el arreglo termina pagándolo el Estado. Para poner reglas a eso, el Gobierno provincial, los municipios de Joaquín V. González y Las Lajitas, Vialidad de Salta y las entidades que representan a los productores conformaron una mesa de trabajo vial dedicada a las rutas provinciales 41 y 52.

La decisión más concreta que salió del encuentro es quién toca el freno. Vialidad de Salta queda a cargo de fijar los períodos de veda: los tramos de tiempo en los que la Ley provincial 6.436 restringe la circulación de vehículos pesados mientras los caminos de tierra están mojados o todavía se están oreando. El Ministerio de Seguridad acompañará con los operativos de control.

También se definió a dónde va la plata de las multas. Según informó el Gobierno de Salta, lo que se recaude por incumplir la norma se destinará exclusivamente a insumos, materiales, repuestos, combustible y servicios para reparar esos mismos tramos. Es decir: el dinero vuelve al camino que el camión rompió, y no a una caja general.

Quiénes se sentaron a la mesa

El espacio se llama Mesa de Trabajo de Colaboración, Cooperación y Asistencia Técnica Vial. Por el Ejecutivo provincial lo componen dos ministerios, dos secretarías y el organismo vial: Producción y Minería, a cargo de Ignacio Lupión; Seguridad, con Nicolás Avellaneda al frente; Obras Públicas, que conduce Héctor Hugo de la Fuente; Desarrollo Agropecuario, con Diego Dorigato, y Vialidad de Salta, cuyo director es Gonzalo Macedo.

Por los municipios participan los intendentes Juan Domingo Aguirre, de Joaquín V. González, y Fernando Alabi, de Las Lajitas. Del lado privado están Guillermo Haddad, por Salta Forestal S.A.; José Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña, y Pedro Antonio Arias, al frente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (PROGRANO).

El compromiso de trabajo incluye planificar el mantenimiento ordinario y extraordinario de esos caminos —perfilado, bacheo, desmalezado, recuperación de calzadas y obras de drenaje— y revisar cada tanto en qué estado están para ordenar las prioridades de intervención. Los productores aportarían recursos, equipos y mano de obra complementaria, aunque el propio acuerdo aclara que ese aporte queda sujeto a la aprobación previa de cada entidad.

En qué etapa está esto

Conviene dejarlo claro: lo que se constituyó es un ámbito de coordinación, no una obra en marcha. El parte no informa monto, cronograma ni el listado de tramos que se van a intervenir, y la parte del aporte privado todavía depende de que la aprueben las entidades que lo ofrecieron.

Lo que sí quedó definido es el reparto de tareas entre organismos, el criterio para cortar la circulación cuando el camino no está en condiciones y el destino de lo que se cobre en multas. El texto del acuerdo se fija tres objetivos: preservar la infraestructura vial, que la producción agropecuaria pueda transportarse y que mejore la seguridad en el departamento.

La Provincia viene comunicando intervenciones en otros corredores del interior —esta semana informó que terminará los 17 kilómetros pendientes de la Ruta 40 entre Molinos y Seclantás—, pero el caso de Anta es de otra naturaleza: no se trata de pavimentar sino de sostener transitable un camino de tierra que se usa todo el año y se rompe cada vez que llueve.

Lo que falta para medir si funciona es un dato que el anuncio no trae: cuántos kilómetros de las rutas 41 y 52 están hoy en mal estado y cuántos días de veda se aplicaron la temporada pasada. La conformación de la mesa está detallada en el parte de la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Provincia.