Zigarán lanzó una dura advertencia por la crisis en Aguas Blancas

La tensión en la frontera entre Argentina y Bolivia volvió a encender las alarmas en Aguas Blancas. Tras una jornada de enfrentamientos, ataques a efectivos de seguridad y saqueos a empresas de encomiendas, el interventor del municipio, Adrián Zigarán, cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional y advirtió que la situación está lejos de encontrar una salida. “Hay una ausencia total de Nación”, sostuvo, al señalar que los conflictos se profundizan ante la falta de controles y decisiones políticas.

Uno de los principales cuestionamientos del funcionario apunta al funcionamiento del puesto de control 28 y a las diferencias en los procedimientos aplicados a transportistas. Según denunció, mientras los trabajadores locales deben descargar sus mercaderías para someterlas al escáner de Aduana, algunas empresas de transporte de pasajeros y encomiendas circularían sin atravesar las mismas exigencias. Como ejemplo, mencionó a la empresa San Antonio, a la que acusó de trasladar grandes cantidades de mercadería: “Hay empresas que llevan más bagallo que gente”. Zigarán aseguró que hace dos meses solicitó formalmente al fiscal Marcos Romero que todos los operadores fueran sometidos a controles mediante el escáner del área de control integrado, pero afirmó que hasta ahora no hubo respuestas.

El interventor también vinculó el deterioro de la convivencia fronteriza con la crisis económica y la falta de alternativas laborales. Explicó que la pérdida de competitividad de los precios en Bolivia redujo la llegada de compradores, mientras creció el negocio de las encomiendas y el traslado informal de mercadería. Para dimensionar el cambio, recordó que cuando llegó a la localidad había cinco carritos dedicados al movimiento de productos y que actualmente existen alrededor de 500. “Acá en la frontera se vive todos los días, vos no sabés si volvés. No es una situación de normalidad”, advirtió.

Zigarán también cuestionó a la funcionaria nacional Virginia Cornejo por su falta de respuestas y reclamó una reunión entre las cancillerías de Argentina y Bolivia para abordar los problemas que atraviesan los distintos pasos fronterizos. Según planteó, existen ocho o nueve cuestiones pendientes cuya resolución depende de las autoridades nacionales. La advertencia económica tampoco fue menor: anticipó que, después de diciembre, considerado el último gran período de ventas, la actividad comercial podría desplomarse durante enero, febrero y marzo.

“Esto va de mal en peor”, resumió el interventor, que teme que la falta de decisiones termine profundizando los enfrentamientos entre trabajadores informales, empresas y fuerzas de seguridad. Mientras tanto, Aguas Blancas continúa expuesta a una conflictividad cotidiana que combina precariedad laboral, disputas comerciales y controles cuestionados, sin que aparezca todavía una respuesta institucional capaz de ordenar la situación.