Casi 10 millones de pesos por día: así operaba la aduana paralela que drones de Gendarmería filmaron en Aguas Blancas

Una finca a dos kilómetros de Aguas Blancas, pegada al río Bermejo, funcionó durante más de un año como una aduana que nadie autorizó. Esa es la acusación que esta semana el Tribunal Oral Federal 2 escuchó confirmar, con lujo de detalle, de boca de los propios funcionarios que investigaron el circuito.

El fiscal federal Marcos Romero llamó a declarar a empleados de la Dirección General de Aduanas, dependiente de ARCA, en el juicio que enfrentan doce personas señaladas como responsables de montar el esquema en la finca Carina. Según la acusación, todos integraban una asociación ilícita con roles de organización y logística, y participaron de un contrabando de mercadería agravado por la cantidad de gente involucrada y por el monto que movía, entre julio y agosto de 2025. Los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci conducen el debate, que arrancó a partir de una investigación que Romero abrió el 26 de mayo de ese año.

La finca tiene dos catastros, queda a la vera de la ruta nacional 50 y su fondo da directo al río que separa a la Argentina de Bolivia. Ahí, contaron los testigos, se armaba un cruce clandestino de mercadería que llegaba en gomones desde la orilla boliviana. Según explicaron los testigos, todo arrancó cuando, dentro del "Plan Güemes", empezaron a tender un cerco de 200 metros junto al Puerto Chalana, un tramo que separa la terminal de ómnibus del puesto de la Dirección Nacional de Migraciones. El movimiento venía de mediados de 2024, pero explotó en 2025.

Un testigo describió bolsones tan pesados que hacían falta dos o tres empleados para levantarlos, y detalló que no era sólo ropa: había mercadería de distinto tipo, según pudo reconstruir informatesalta.com.ar a partir de ese testimonio. Durante un allanamiento realizado el 4 de agosto de 2025, desde la costa boliviana se veía una verdadera "muralla" de bultos esperando turno para cruzar.

El dato que más impactó a los jueces fue económico. Un informe pericial, elaborado junto con ARCA, calculó que entre julio de 2024 y julio de 2025 el contrabando movió $2.975.392.851,56, lo que equivale a un promedio de $9.919.642,84 por día una vez descontados feriados y días no laborables de los dos países. A esa cifra se le suman otros 3 millones de pesos diarios que la organización cobraba en peajes internos a cerca de 300 vehículos que entraban a la finca a buscar mercadería.

Lo que terminó de sostener la acusación llegó desde el aire. Gendarmes de la Unidad de Aviación de Orán relataron los vuelos con drones que hicieron durante meses, con filmaciones de junio, julio y agosto de 2025 que muestran filas de autos entrando desde la ruta 50 y recorriendo un camino de un kilómetro y medio hasta un puerto improvisado en la playa. Ahí, según el material, los vehículos se estacionaban de espaldas al río con los baúles abiertos para recibir los bultos que bajaban de los gomones. Las imágenes también registraron un control propio de la organización —contaban los bolsones antes de dejarlos pasar— y un cobro por bulto o por lona que la fiscalía describió como el pago del peaje ilegal. Entre las cargas que los drones captaron había incluso un camión de gaseosas.

Las defensas cuestionaron el trabajo de los funcionarios de Aduana y de los gendarmes que operaron los drones, pero el tribunal avanzó con el material audiovisual como una de las pruebas centrales del juicio.