El Gobierno de Salta se reunió con la abuela de Thiago Altamirano y le ofreció acompañamiento

El ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, recibió este martes a Marta Salazar, abuela de Thiago Altamirano, y le transmitió la disposición de la Provincia a seguir de cerca lo que atraviesa la familia, según publicó Qué Pasa Salta. El funcionario contó el encuentro en sus redes sociales poco después de que terminara.

"Hoy me reuní con la abuela de Thiago Altamirano. Pude escucharla y conocer un poco más de cerca lo que está atravesando su familia", escribió Jarsún, quien enmarcó la visita en lo que, dijo, puede ofrecer el Estado frente a una situación así: estar presente. "No hay palabras que puedan resolver una situación así. Pero sí podemos estar, escuchar y acompañar", agregó, y sumó a todo su equipo de gobierno al ofrecimiento de gestionar la ayuda que la familia necesite de acá en adelante.

El nene, de dos años, murió el 22 de junio pasado en Salta luego de un episodio que su madre atribuyó, en un primer momento, a una caída de la cama. Había sido trasladado primero al hospital Papa Francisco y de ahí, en código rojo, al Materno Infantil, donde llegó sin signos vitales. Fueron los propios médicos quienes, al notar lesiones que no encajaban con ese relato, dieron aviso a la Justicia.

Esa denuncia derivó en una causa que hoy lleva el fiscal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. La hipótesis que maneja la fiscalía sostiene que la pareja de la madre del nene lo habría asfixiado, mientras que a ella se le imputa no haberlo evitado: él está acusado de homicidio agravado por alevosía y ella, de homicidio agravado por el vínculo. Ninguna de las dos imputaciones es definitiva: ambas responsabilidades todavía se tienen que probar en el expediente.

Lo último que se movió en el expediente fue, de hecho, un pedido de la fiscalía para endurecer la situación procesal de los dos imputados. Apeló la domiciliaria que el juez Antonio Pastrana le había otorgado a la madre el 22 de octubre —junto con 30 días más de preventiva para su pareja— y pidió que ambos vuelvan a estar detenidos, esta vez por cuatro meses. Entre los argumentos que presentó Espilocín figuran los resultados de la autopsia y mensajes que, según sostiene, muestran que la madre ya sabía de un hecho de violencia anterior contra su hijo.

La resolución de octubre no cayó bien del lado de la familia paterna: Salazar la cuestionó públicamente, reclamó que se revise y participó de las movilizaciones que hubo por el caso en las últimas semanas.