El Reino Unido rechazó el pedido argentino de arbitraje por Sea Lion y endureció el tono con Buenos Aires

La postura de Londres no es nueva: el 18 de septiembre el Foreign Office ya había sostenido que los isleños pueden desarrollar sus recursos "como consideren conveniente" y había calificado de "inaceptables" las acciones argentinas contra empresas y personas vinculadas a la actividad económica en las islas.

El paso que generó esta respuesta lo había dado el propio Javier Milei, quien instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR y le dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para frenar la explotación. "Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", escribió el presidente en X. El canciller Pablo Quirno confirmó que la notificación a Londres ya se hizo de forma oficial. El objetivo inmediato de la Argentina no es esperar una resolución de fondo —que puede demorar años— sino conseguir una medida provisional en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que frene el proyecto mientras se arma el tribunal arbitral, con el argumento de que la explotación de hidrocarburos implica un uso irreversible de recursos no renovables.

Sea Lion ya dejó de ser un proyecto exploratorio: sus operadoras, la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), tomaron la decisión final de inversión y prevén la primera producción de petróleo para 2028. El yacimiento está a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y su primera etapa contempla perforaciones submarinas y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.

De fondo persisten dos lecturas opuestas: la Argentina invoca resoluciones de la ONU que reconocen la disputa de soberanía y piden evitar modificaciones unilaterales mientras no haya una solución negociada, mientras que el Reino Unido sostiene que la explotación de recursos forma parte del derecho de autodeterminación de los isleños. Si Londres mantiene su postura una vez vencido el plazo fijado por el Gobierno argentino, Buenos Aires buscará que el tribunal internacional dicte esa medida provisional mientras avanza el proceso arbitral.