El Reino Unido rechazó el pedido argentino de arbitraje por Sea Lion y endureció el tono con Buenos Aires
Londres respondió al reclamo argentino ante la Convención del Mar para frenar la explotación petrolera en Malvinas y advirtió que la medida pone en duda la confiabilidad de Argentina como socio.

El gobierno británico respondió hoy al pedido de la Argentina de llevar a arbitraje internacional la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas cercanas a las Islas Malvinas, y rechazó de plano la iniciativa. La respuesta llegó a través de Uma Kumaran, ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, según informó Infobae.
El reclamo argentino se activó después de que Buenos Aires notificara formalmente a Londres el inicio de un procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el objetivo de frenar el desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte. Kumaran difundió primero su postura en su cuenta de X: "Las Falklands (Malvinas) son británicas. Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los isleños", escribió, antes de publicar una declaración formal del Reino Unido.
En ese comunicado, la funcionaria fue más dura todavía. Calificó el arbitraje como "el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Falklands (Malvinas)" y sostuvo que los isleños "han elegido libre y democráticamente su futuro", con derecho a desarrollar sus recursos "sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes". El Reino Unido defendió además que las actividades hidrocarburíferas en la zona están reguladas por su legislación local y se desarrollan en cumplimiento del derecho internacional, incluida la propia CONVEMAR que invoca la Argentina.
La controversia no quedó sólo en el terreno jurídico. Kumaran reveló que esta semana Londres le transmitió su posición directamente al embajador argentino en el Reino Unido y calificó los intentos de frenar el proyecto como actos que no corresponden a "un compromiso internacional responsable". La ministra fue un paso más allá y advirtió que ese comportamiento "plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido", con lo cual trasladó la disputa por Sea Lion al plano de la relación bilateral entre los dos países.
La postura de Londres no es nueva: el 18 de septiembre el Foreign Office ya había sostenido que los isleños pueden desarrollar sus recursos "como consideren conveniente" y había calificado de "inaceptables" las acciones argentinas contra empresas y personas vinculadas a la actividad económica en las islas.
El paso que generó esta respuesta lo había dado el propio Javier Milei, quien instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR y le dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para frenar la explotación. "Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", escribió el presidente en X. El canciller Pablo Quirno confirmó que la notificación a Londres ya se hizo de forma oficial. El objetivo inmediato de la Argentina no es esperar una resolución de fondo —que puede demorar años— sino conseguir una medida provisional en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que frene el proyecto mientras se arma el tribunal arbitral, con el argumento de que la explotación de hidrocarburos implica un uso irreversible de recursos no renovables.
Sea Lion ya dejó de ser un proyecto exploratorio: sus operadoras, la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), tomaron la decisión final de inversión y prevén la primera producción de petróleo para 2028. El yacimiento está a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y su primera etapa contempla perforaciones submarinas y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
De fondo persisten dos lecturas opuestas: la Argentina invoca resoluciones de la ONU que reconocen la disputa de soberanía y piden evitar modificaciones unilaterales mientras no haya una solución negociada, mientras que el Reino Unido sostiene que la explotación de recursos forma parte del derecho de autodeterminación de los isleños. Si Londres mantiene su postura una vez vencido el plazo fijado por el Gobierno argentino, Buenos Aires buscará que el tribunal internacional dicte esa medida provisional mientras avanza el proceso arbitral.
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