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Ahora si: Inició el juicio por corrupción a exfuncionarios de La Cámpora Salta

El proceso judicial es contra seis acusados de retener parte de los sueldos de empleados públicos y desviar fondos de PAMI para fines electorales. El Tribunal Oral Federal 2 de Salta comenzó a juzgar este jueves a seis exfuncionarios vinculados a La Cámpora Salta, por los delitos de exacciones ilega

Por Salta News
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ahora si inicio el juicio por corrupcion a exfuncionarios de la campora salta

El proceso judicial es contra seis acusados de retener parte de los sueldos de empleados públicos y desviar fondos de PAMI para fines electorales. El Tribunal Oral Federal 2 de Salta comenzó a juzgar este jueves a seis exfuncionarios vinculados a La Cámpora Salta, por los delitos de exacciones ilegales y malversación de fondos públicos.

Los acusados son Verónica Molina, ex directora del PAMI; Marcos Vera, ex asesor de ANSES; Gustavo Emilio Gerónimo y Diego Jesús Albornoz, excoordinadores del PAMI; y Fernando Ruarte, ex concejal de capital.


Según la acusación del fiscal federal Ricardo Toranzos, los exfuncionarios exigían a los trabajadores que habían ingresado en sus gestiones el pago de un 20% de sus sueldos, que se depositaba en la cuenta bancaria de Vera, como contraprestación por sus nombramientos, impulsados por La Cámpora.

La causa se inició en marzo de 2021, cuando un testigo protegido presentó pruebas documentales y de audio que demostraban las presiones y amenazas que recibían los empleados para entregar parte de sus ingresos a los referentes camporistas. Además, se investiga el uso indebido de electrodomésticos que habían sido donados por la Aduana al PAMI, pero que fueron entregados por Ruarte a vecinos de Campo Quijano, con fines proselitistas, sin informar que se trataba de una donación del organismo nacional.

El juicio, que se prevé que dure varias semanas, cuenta con el testimonio de más de 40 testigos, entre ellos, varios de los afectados por el cobro ilegal y el reparto irregular de los electrodomésticos. Los acusados, que se declararon inocentes, podrían enfrentar penas de entre dos y diez años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.


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