Prisión domiciliaria para el exjuez de Orán condenado por encubrir a un narco: la Fiscalía apelará

Menos de un mes después de haber sido detenido, el exjuez federal de Orán Raúl Reynoso va a terminar de cumplir su condena en una vivienda del barrio Tres Cerritos, en la capital salteña, y no en una cárcel. Así lo resolvió la jueza Gabriela Catalano, del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Salta, que le concedió la prisión domiciliaria por los problemas de salud que invocó su defensa. La Fiscalía ya anunció que va a apelar.

Reynoso, de 67 años, está condenado a cinco años de prisión por cobrar coimas a cambio de favores judiciales durante su paso por el Juzgado Federal de Orán, una jurisdicción clave por su cercanía con la frontera boliviana.

El fiscal general Carlos Martín Amad sostiene que la resolución de Catalano es arbitraria y la va a llevar ante la Cámara Federal de Casación Penal, según pudo saber Infobae. Antes de este fallo, la misma Cámara ya le había rechazado a la defensa un pedido distinto: anular la detención de Reynoso, ordenada después de que la Corte Suprema dejara firme la condena.

El recorrido del exjuez tras las rejas duró poco. Lo detuvieron el 15 de octubre y lo alojaron primero en el Escuadrón 45 de Gendarmería, en Chachapoyas. Doce días después lo trasladaron al Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes. Ahí es donde, según el fallo firmado el 3 de noviembre y notificado este jueves, Catalano decidió que no podía seguir.

Para la jueza, mantenerlo en una cárcel federal implicaba un "agravamiento ilegítimo de la pena". La decisión se apoya en que Reynoso tiene diabetes tipo 2, necesita insulina todos los días y es hipertenso, además de los antecedentes médicos que ya le habían valido una domiciliaria en 2022. También pesaron pericias de aquel año, que habían advertido que el tratamiento que recibía en prisión no alcanzaba para sus enfermedades, y un traslado a un hospital en octubre por un pico de glucosa.

El Ministerio Público Fiscal había pedido exactamente lo contrario. Para la Fiscalía, los certificados médicos de la defensa no alcanzaban para probar que esas dolencias no se pudieran tratar dentro de un penal, y un informe del propio Complejo Penitenciario III NOA —donde Reynoso estaba alojado desde el 27 de octubre— concluía que podía seguir ahí, con traslado a un hospital si hacía falta. La Fiscalía remarcó, además, que el exjuez no llega a los 70 años que exige la ley para acceder a la domiciliaria por razones de edad. Catalano consideró que ese informe no bastaba para descartar los riesgos del encierro.

El fallo le ordena a Gendarmería trasladar a Reynoso hasta el domicilio autorizado, donde deberá quedarse bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, presentar certificados médicos todos los meses y no salir del país, consumir drogas ni juntarse con personas ligadas al delito.

La condena que ahora cumple en su casa viene de los delitos de cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión. Uno de los episodios más graves fue haber favorecido con resoluciones judiciales, a cambio de dinero, al narcotraficante Delfín Reynaldo Castedo: la investigación determinó que en diciembre de 2013 se falsificó un acta para simular que Castedo se había presentado ante la Justicia —estaba prófugo— y así conseguirle una exención de prisión. Otro de los hechos probados fue haberle exigido una dádiva a un comerciante para autorizar el ingreso de camiones con mercadería al país.

Esa causa le costó, en agosto de 2024, cinco años de prisión, una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta; la condena quedó firme en octubre, cuando la Corte Suprema le rechazó el último recurso a la defensa. Según el nuevo fallo, esa pena vence el 9 de diciembre de 2028. Pero no es la primera vez que Reynoso pasa por esto: tiene además una condena firme de 13 años dictada en 2019 por otra causa de corrupción judicial, que lo tuvo detenido más de ocho años hasta que logró la libertad condicional en 2024.

Ahora el fiscal Amad pidió unificar ambas penas por suma aritmética, lo que llevaría la condena total a 18 años de prisión. El planteo quedó en manos del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Salta y todavía espera resolución.