Su madre denunció abuso policial pero fue imputado por violencia de género y atentado a la autoridad

El joven de 25 años que recientemente apareció en un video difundido en redes sociales —en el que su madre denunciaba supuesto abuso policial durante un procedimiento— enfrenta ahora graves acusaciones judiciales. La Fiscalía Penal de Cerrillos, a cargo de Daniel Escalante, lo imputó por atentado a la autoridad agravado, desobediencia judicial, amenazas y lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en concurso real y en perjuicio de su expareja y de personal policial.

El episodio que derivó en su detención ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando efectivos intentaron notificarlo en la vía pública sobre una medida judicial que autorizaba a su expareja a retirar pertenencias del domicilio compartido. El acusado reaccionó de forma violenta: se negó a identificarse, insultó a los agentes, intentó escapar y terminó golpeando a policías en la dependencia, lesionando a un sargento. También lanzó amenazas explícitas contra los efectivos y su expareja, incluso en presencia de testigos, entre ellos su propia madre, quien intervino en la escena e intentó agredir al personal.

Según la investigación, el joven tiene antecedentes de violencia de género. El 3 de septiembre habría golpeado en el rostro a su expareja, y el 21 de mayo la habría agredido en la zona de la cadera durante una discusión. Ambos episodios quedaron documentados por certificados médicos y testimonios de familiares que describen un patrón de violencia física y psicológica persistente.

El acusado cuenta además con antecedentes penales y prontuario activo, lo que llevó al fiscal a solicitar al Juzgado de Garantías que mantenga la detención por los riesgos procesales existentes.

La Fiscalía incorporó al expediente fichas dactilares, planilla prontuarial, informes médicos y pruebas testimoniales. También se notificó a la defensa técnica del imputado y a la víctima, garantizando su derecho a estar informada sobre el avance del proceso.

Escalante confirmó que la investigación sigue en curso y anticipó que se evalúan nuevas medidas de protección para la mujer y su grupo familiar.