Se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema para extorsionar a familias de presos

Cuatro hombres que ya están presos por otras causas armaron, según la acusación, una red para sacarle dinero a familias de detenidos usando una credencial falsa: la del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. El fiscal federal Franco Picardi pidió que la causa vaya a juicio oral, según informó El Tribuno.

El esquema, de acuerdo con la fiscalía, funcionaba así: alguien llamaba a una comisaría o a un penal, se presentaba como Rosatti o como un enviado suyo y pedía el listado de personas detenidas, con nombres, causas y los teléfonos de sus familiares. Con esos datos en mano, después contactaban a esos familiares y les exigían una transferencia para pagar una supuesta fianza que permitiría liberar al detenido. El fiscal también les atribuye dos estafas con la promesa de premios falsos y una extorsión adicional por afuera de ese circuito.

Los cuatro imputados están alojados en el Establecimiento Penitenciario 7 de Jujuy, dentro del Complejo Penitenciario de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, y la fiscalía sostiene que operaron desde ese lugar entre noviembre de 2024 y el 30 de octubre de 2025. Los identifica como C.M.A.A., de 38 años, condenado por robo y violación de domicilio; R.A.R., de 40, por robos y hurtos; S.A.L., de 31, por tentativa de homicidio y robos; y W.R.V., de 32, por homicidio simple. A esas condenas ahora se suman los cargos de asociación ilícita, usurpación de autoridad, estafa y extorsión mediante simulación de autoridad pública, que combinados podrían agregarles hasta diez años más de prisión.

Para sostener la impostura, el grupo armaba perfiles de WhatsApp con la foto del propio Rosatti o de edificios de tribunales, bajo el nombre "Corte Suprema de Justicia", y usaba alias de transferencia como "poderjudicial.mp" para que los pagos parecieran oficiales. El requerimiento de elevación a juicio quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, a cargo del juez Julián Ercolini.

La causa había arrancado un año antes de que la fiscalía pidiera el juicio, el 25 de noviembre de 2024, cuando un hombre llamó al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y se identificó como "el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Dijo que estaba haciendo un relevamiento junto a una supuesta comisión de derechos humanos y pidió los nombres, números de causa y teléfonos de familiares de los detenidos. El comisario que atendió el llamado desconfió y pidió un número para devolverlo: le dieron una línea con característica de La Plata, y cuando la marcó atendió otra persona que también decía representar a la Corte. Al preguntar puntualmente por Rosatti, le cortaron la comunicación. Después, la jefa de seguridad del tribunal confirmó que el magistrado nunca había hecho ese pedido.

El propio comisario logró grabar el final de la llamada original. En ese audio, el falso Rosatti le reclamaba: "Estoy hace más de una hora con el tema éste [...] no es mucho lo que se le pide. Simplemente el nombre, el apellido, el delito que tiene cada una de las personas que están a cargo de su jurisdicción y el número de teléfono del familiar". Cuando le exigieron que formalizara el pedido con un oficio, colgó. Esa denuncia abrió la pesquisa que terminó identificando que el teléfono usado en la llamada tenía actividad dentro del penal jujeño.

El expediente deja un dato que excede a Jujuy: según la fiscalía, la organización no llamaba sólo a ese penal, sino a dependencias policiales y penitenciarias "de distintos puntos del país" para conseguir los datos de detenidos que después usaba para exigir los pagos a sus familias.