Honduras estrena una ley que congela tarifas eléctricas y condona deudas a usuarios y municipios
Una nueva norma hondureña frena por seis meses el aumento de la luz, perdona deudas a hogares de bajo consumo y ordena dividir la ENEE en empresas separadas.

Honduras tiene desde hace unos días una nueva ley que cambia las reglas del sistema eléctrico para usuarios, municipios y la empresa estatal que administra el servicio. Según informó Infobae, la Ley de Justicia Energética se publicó en el Diario Oficial La Gaceta número 37.258, correspondiente al 29 de septiembre de 2026, y desde ese momento empezaron a correr sus disposiciones para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las municipalidades y las instituciones públicas del país centroamericano.
El primer efecto concreto es el congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses: el precio que la ENEE cobró en el último recibo de cada usuario no podrá subir en ese plazo, aunque el Congreso Nacional hondureño tiene la facultad de prorrogar la medida por otros seis meses más.
La ley también condona deudas a los hogares de menor consumo. Quienes registren un promedio de hasta 250 kilovatios hora (kWh) podrán pedir que se les perdonen las obligaciones acumuladas hasta la entrada en vigor de la norma, incluidos recargos, intereses y multas. Para acceder al beneficio hay que presentar la solicitud ante la ENEE, acreditar la titularidad del servicio y permitir que inspeccionen el medidor; si el usuario no tiene medidor instalado, la propia empresa estatal deberá colocarlo.
El mismo alivio llega a los municipios: la ley condona las deudas municipales acumuladas con la ENEE hasta la fecha de entrada en vigor, sin importar si están vencidas, en proceso de cobro o bajo un convenio de pago. A cambio, desde el mes siguiente el consumo eléctrico de las corporaciones municipales deberá pagarse mediante débito automático de las transferencias que les gira la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Para poner en marcha ese mecanismo, deberán hacer las adecuaciones correspondientes la propia SEFIN, la Secretaría de Gobernación, la ENEE y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). Las municipalidades de categorías A y B tendrán además la opción de conciliar sus saldos mediante inversiones.
Otro de los puntos centrales es una amnistía de tres meses para quienes tengan conexiones clandestinas, reconexiones no autorizadas o medidores alterados: si regularizan su situación de forma voluntaria en ese plazo, quedan exentos de responsabilidad penal, bajo un carácter que la propia ley define como único y excepcional.
La norma incorpora también incentivos para la generación residencial de energía solar: las familias podrán comprar e instalar paneles, inversores y baterías sin pagar el ISV ni aranceles u otros impuestos, aunque los límites y requisitos de ese beneficio todavía deben fijarse por reglamento.
En paralelo, la ley activa un cronograma de reforma del sistema eléctrico. La Secretaría de la Presidencia tiene 45 días hábiles para reglamentar el Comité de Conducción de la Reforma y la Unidad Técnica de Implementación. Después tiene un plazo de 120 días para resolver otros tres frentes: redactar los estatutos de las subsidiarias que nacerán para Generación, Transmisión y Distribución; reglamentar a la Junta Nominadora de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE); y lograr que la ENEE y SEFIN le informen al Congreso sobre la deuda histórica del sector y el plan para pagarla. La Unidad Técnica, por su parte, deberá presentar informes trimestrales públicos sobre los hitos, responsables y riesgos de todo ese proceso.
El cambio de fondo es la orden de transformar y escindir a la ENEE en sociedades mercantiles, aunque estas mantendrán su carácter público. Mientras se completa esa reorganización, la estatal podrá seguir haciendo licitaciones públicas abiertas para que el cambio institucional no afecte las contrataciones necesarias para el funcionamiento del servicio eléctrico.
Con la ley ya en marcha, el desafío para Honduras pasa de la aprobación legislativa a la ejecución: ahora deberá traducir esos beneficios, obligaciones y plazos en medidas concretas para los usuarios y en cambios verificables dentro del sistema eléctrico nacional.
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