Cuba le abre la puerta a la ciencia privada con una ley que no toca el control del régimen

El Gobierno de Cuba promulgó esta semana la primera norma que ordena el sistema científico de la isla y, al mismo tiempo, le pone fecha a algo impensado hace pocos años: la entrada de capital privado en la ciencia cubana, según informó Infobae. La Ley 182/2025 entra en vigencia dentro de 60 días, según publicó la Gaceta Oficial, y llega en medio de la crisis económica y humanitaria que atraviesa el país caribeño.

La norma reconoce, por primera vez de manera formal, a las llamadas "formas de gestión no estatal" dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí entran empresas privadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y trabajadores autónomos, que hasta ahora quedaban afuera de un terreno dominado por universidades y centros de investigación del Estado.

El viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Daimar Cánovas, le explicó a la agencia española EFE que la idea es que cada vez participen más actores, estatales y privados, en los proyectos científicos de la isla. "Uno de los objetivos de la ley es justamente que la participación sea creciente tanto en el ámbito de lo estatal como no estatal, de lo público como de lo privado", dijo el funcionario durante una conferencia de prensa en La Habana.

La ley no se queda en el reconocimiento: también habilita herramientas de financiamiento de riesgo y capital semilla para que nazcan y crezcan empresas de base tecnológica, y permite crear compañías a partir de patentes y marcas registradas, un mecanismo pensado para atraer inversión externa o privada hacia la actividad científica, de acuerdo con el texto publicado en el diario oficial del Estado cubano.

También abre la puerta a contratos entre entidades estatales y privadas que incluyan regalías y pagos por la venta de paquetes tecnológicos, una figura con la que el régimen busca darle marco legal a operaciones que involucren patentes, resultados de investigación y transferencia de conocimiento. Cánovas sostuvo que ese cruce entre actores económicos puede traducirse en soluciones propias más rápido: "En la medida en que haya más innovación en todos los actores económicos, podremos avanzar con más velocidad como país", afirmó a EFE.

El cambio llega en un momento puntual: según datos oficiales citados por la agencia, en Cuba ya operan más de 16.000 empresas privadas, producto de una apertura que en los últimos meses alcanzó rubros como la educación y la administración de farmacias. Esa tendencia forma parte de un paquete de 176 reformas con las que el Gobierno busca liberalizar actividades productivas y de servicios en medio de lo que la propia norma describe como la peor crisis del país.

La letra chica, de todos modos, deja la puerta abierta a que el alcance real dependa de la reglamentación: la norma dice que cooperativas, autónomos y privados accederán a programas de formación y vías de financiamiento "en condiciones equiparables" a las instituciones públicas, pero no define montos ni plazos concretos para esos recursos.

El contexto no ayuda. La ley se conoce en medio de una crisis energética y de servicios públicos que golpea a millones de cubanos, la misma crisis eléctrica que atraviesa la isla y que complica el desarrollo de actividades básicas tanto para empresas como para instituciones y la población en general.

A la par de la nueva ley, el propio Estado cubano se achica: el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente se fusionará con el de Educación Superior, en un proceso de disolución gradual que se extenderá entre seis meses y un año. Cánovas aseguró que esa reducción de la estructura ministerial "no es un obstáculo para la implementación de la nueva ley", aunque durante ese período el propio Gobierno todavía tiene que definir cómo se repartirán las funciones de investigación, desarrollo tecnológico y financiamiento que la nueva norma pone en marcha.