Venezuela le abre la puerta a capitales extranjeros para salvar su sistema eléctrico

Salta conoce de cerca lo que significa vivir de la explotación de un recurso energético y, al mismo tiempo, depender de que lleguen capitales de afuera para desarrollarlo. Por eso interesa lo que acaba de votar el Parlamento venezolano: una reforma que habilita a empresas privadas y extranjeras a meterse en la generación y la venta de electricidad, un terreno que hasta ahora manejaba casi en exclusiva el Estado.

La Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría del chavismo, dio el visto bueno por unanimidad en una segunda discusión que había quedado postergada tres veces. El texto modifica parcialmente la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y define bajo qué condiciones los privados pueden sumarse a distintas etapas del negocio energético, siempre con autorización previa.

El cambio llega después de años de apagones, cortes imprevistos y fallas de voltaje que castigaron a hogares, comercios e industrias en Venezuela. La infraestructura eléctrica viene deteriorada y la falta de inversión limitó la capacidad del sistema para responder a una demanda que, según remarca la nota de origen, creció este año y presionó todavía más una red ya exigida.

Entre las novedades de la ley aparece la posibilidad de otorgar concesiones a privados por hasta 25 años, un plazo pensado para dar previsibilidad a quien ponga plata en infraestructura de largo aliento. También se habilita la comercialización de energía por parte de actores privados, aunque el Estado venezolano conserva un rol estratégico en la regulación del sistema.

La apertura eléctrica no aparece aislada: continúa un proceso que empezó con la reforma de la ley petrolera, impulsada a comienzos de año por Rodríguez y que ya amplió el espacio para capitales privados y extranjeros en los hidrocarburos. Ese cambio normativo ya dejó un resultado concreto: ExxonMobil firmó esta semana un memorándum de entendimiento con el gobierno venezolano para analizar proyectos de exploración y producción petrolera, un acercamiento que pone fin a casi veinte años de distancia entre la compañía estadounidense y Venezuela. La petrolera se había retirado del país en 2007, cuando el entonces presidente Hugo Chávez estatizó los proyectos y obligó a las firmas extranjeras a resignar el control mayoritario de sus operaciones.

Rodríguez, que ejerce como presidenta interina, calificó el acuerdo con Exxon como un hito y dijo que buscan garantizar condiciones favorables y seguridad jurídica para quienes inviertan. Por su parte, el titular de ExxonMobil, Dan Ammann, sostuvo que combinar la experiencia de la petrolera con los recursos venezolanos puede generar beneficios para ambas partes.

Este nuevo capítulo económico avanza con el impulso de la gestión de Donald Trump, que desde la captura de Nicolás Maduro en enero presiona para que vuelvan las inversiones estadounidenses al país caribeño. El propio mandatario había pedido a las grandes petroleras de su país que participaran de la reconstrucción del sector. No todos los ejecutivos recibieron el guiño con el mismo entusiasmo: Darren Woods, director ejecutivo de Exxon, había advertido antes que una recuperación real del negocio petrolero venezolano necesitaba cambios de fondo en el plano político y económico, no sólo ajustes legales.

Con la reforma eléctrica ya aprobada, Venezuela suma otro frente a esa agenda de apertura económica, con el desafío de conseguir el financiamiento necesario para un servicio que arrastra años de deterioro y que todavía necesita resolver los cortes del día a día.