La Justicia intima a petroleras por 40 pozos abandonados en Salta ante la amenaza climática
Frente al peligro latente de inundaciones y desbordes impulsados por el fenómeno climático, un fallo judicial obliga a las compañías a presentar planes de saneamiento urgente, mientras el Estado apunta contra el abandono de cuencas maduras.

El pasivo ambiental de la industria hidrocarburífera en el norte argentino quedó expuesto con crudeza tras una serie de advertencias judiciales que encendieron las alarmas en el territorio salteño. Según precisó el coordinador general de la Fiscalía de Estado, Pablo Buccianti, existen aproximadamente cuarenta pozos petroleros abandonados en la provincia, una consecuencia directa del éxodo de las grandes operarias hacia los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta y el consecuente traspaso de áreas maduras a firmas de menor espalda financiera.
Si bien el funcionario aclaró que la mayoría de estos enclaves no presenta el cuadro crítico de surgencias registrado en el emblemático caso de Lomas de Olmedo, la urgencia climática impuso un freno institucional: la Justicia de Orán dictó una medida cautelar ambiental que intima a YPF, President Petroleum y a otras cuatro empresas a presentar en un plazo de diez días hábiles un plan técnico de cierre definitivo y contención, una exigencia vital para evitar que los fluidos contaminantes alcancen zonas agropecuarias y pobladas ante la inminente llegada de intensas lluvias.
La compleja trama legal detrás del saneamiento pone en juego el principio de responsabilidad solidaria sobre toda la cadena de concesionarias que explotaron los yacimientos a lo largo de las décadas. Ante la quiebra o desaparición de varias de las firmas intermedias —incluida President Petroleum— y las reticencias históricas de YPF respecto a los pasivos heredados de su etapa estatal previa, el peso de la remediación recae de forma directa sobre la compañía de bandera nacional, a la que también se le exige un plan de contingencia paralelo fiscalizado por las secretarías provinciales de Ambiente y Energía.
Mientras la Justicia advierte que el incumplimiento derivará en causas penales por desobediencia judicial, la Fiscalía mantiene bajo estricta lupa la desactivación de viejos explosivos de exploración dispersos en zonas de montaña, en un intento por poner fin a décadas de pasivos invisibles que hoy amenazan con transformar el paisaje productivo del norte salteño.
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