El Gobierno frenó el recorte de colectivos de SAETA, pero no dijo con qué plata

Si viajás en colectivo por el área metropolitana de Salta, este martes empezó con una incógnita que se despejó recién anoche. Las empresas que operan los corredores 1 al 8 habían avisado el lunes, por comunicado, que desde hoy iban a recortar frecuencias porque ya no les alcanza para cargar gasoil. Horas más tarde el Gobierno provincial salió a garantizar que el servicio va a funcionar normal.

Lo que no se sabe es con qué. El Tribuno, que publicó primero el comunicado de las empresas y después la garantía oficial, buscó fuentes para saber qué gestión destrabó el conflicto y se encontró con silencio. No se informó una transferencia de fondos, ni un cronograma de pagos, ni ninguna otra salida. Los propios empresarios consultados por el diario tampoco sabían cómo se iba a resolver la falta de plata que unas horas antes habían puesto como motivo del recorte.

Qué dijeron las empresas

En el comunicado del lunes las prestatarias de los ocho corredores sostuvieron que SAETA les adeuda septiembre y octubre, y que esa falta de acreditación agotó su capacidad de crédito para comprar combustible e insumos. Afirmaron haber hecho presentaciones ante SAETA y ante el Gobierno provincial, haber pedido audiencia al ministro Ignacio Jarsún y haberse reunido con funcionarios de las áreas de Gobierno y de Economía.

El anuncio, sin embargo, nunca llegó a tener forma concreta: las empresas no precisaron qué porcentaje de las frecuencias iban a recortar ni qué líneas y horarios quedaban afectados. Lo plantearon, dijeron, como una medida de último recurso para evitar una paralización total del sistema.

Qué dijo SAETA

La empresa estatal rechazó el anuncio antes de que el Gobierno hablara. Desde SAETA le anticiparon a El Tribuno que consideran "ilegal" la reducción y que estaban preparando una comunicación formal a las prestatarias. No dieron detalles sobre los pagos reclamados ni sobre qué harían si las empresas avanzaban igual.

Recién después apareció la garantía del Ejecutivo provincial. Conviene decir con precisión en qué grada está el hecho: por ahora hay una garantía de que los colectivos circulan, no un acuerdo conocido que explique cómo se paga el gasoil de esta semana.

No es la primera vez este año

La historia reciente ayuda a medir el alcance de la advertencia. A fines de mayo las subconcesionarias alertaron que se les debía más del 60% de los certificados de abril, y el 1 de junio el sistema dejó de circular entre las 23.30 y las 5.30. Claudio Juri, de SAETA, habló entonces de un déficit mensual de entre $3.000 y $4.000 millones. Un acuerdo del 3 de junio normalizó el servicio.

En agosto el reclamo volvió: el día 20 las operadoras hablaron de una deuda acumulada de alrededor de $14.000 millones y pidieron la transferencia de $6.000 millones que, según sostuvieron, la Provincia había comprometido por una reasignación presupuestaria.

Septiembre fue la vuelta anterior de la misma rueda, y se parece bastante a esta. Las prestatarias advirtieron por los pagos atrasados y por una caída del 30% en la cantidad de pasajeros, avisaron que el combustible les alcanzaba para seis días y fijaron el 24 como fecha límite. SAETA las intimó a sostener el servicio bajo advertencia de aplicar las cláusulas de extinción del contrato y gestionó asistencia financiera extraordinaria ante la Provincia; días después empezó a pagar y aseguró que el conflicto no iba a afectar el servicio. El 22 de septiembre, según la cronología que reconstruyó El Tribuno, se canceló la deuda de julio y las empresas postergaron las medidas.

El patrón se repite: aviso de recorte, respuesta oficial, servicio sostenido y deuda que sigue ahí. Lo que cambia de una vez a la otra es cuánto dura la calma.