Extrabajadores de Edesa reclaman desde hace 30 años dividendos impagos y piden un embargo de $16.000 millones

Un grupo de más de 600 extrabajadores de la vieja Dirección Provincial de Energía, la empresa estatal que en los años 90 dio origen a Edesa, volvió a activar un reclamo que arrastra desde la privatización: dicen que nunca cobraron los dividendos de las acciones que recibieron cuando la compañía pasó a manos privadas, y ahora buscan una salida judicial para destrabarlo.

El caso salió a la luz en una entrevista que dio Rogelio, quien fue encargado del área administrativa de la empresa estatal, al ciclo de streaming de Qué Pasa Salta. Contó que el conflicto ya suma tres décadas y que hoy no sólo afecta a los extrabajadores jubilados, sino también a los hijos y herederos de quienes ya murieron sin ver una resolución.

Todo arrancó en 1996, cuando la provincia privatizó el servicio eléctrico salteño bajo un esquema conocido como Programa de Propiedad Participada. Por esa vía, unos 640 trabajadores que se desvincularon o fueron absorbidos por la nueva empresa recibieron acciones clase C, equivalentes al 10% del paquete accionario de Edesa.

"Nosotros éramos accionistas reconocidos por decreto del Estado provincial. Con el paso de los años, a muchos compañeros les pagaron migajas por los títulos, pero lo que nunca nos liquidaron en estos 30 años fueron los dividendos y las ganancias operativas reales que generó Edesa", explicó Rogelio en la transmisión.

De acuerdo con los cálculos que maneja la comisión que agrupa a los extrabajadores, cada uno de ellos —o sus herederos— tendría a cobrar más de $20.000.000. El universo total es de 640 titulares originales repartidos por toda la provincia, aunque el núcleo que impulsa activamente las presentaciones judiciales reúne a más de 150 familias.

Al no conseguir respuestas por la vía administrativa, el grupo llevó la disputa a los tribunales salteños, en el fuero Contencioso Administrativo, donde pidió como medida cautelar un embargo preventivo de $16.000 millones sobre las cuentas de la distribuidora para garantizarse el cobro si la Justicia les da la razón.

Pero según el relato de Rogelio, el expediente también acumuló demoras llamativas: la ley le daba al juez entre 3 y 5 días para notificar a Edesa y trabar ese embargo, y casi un año después esa notificación todavía no se había hecho. A eso se suma otro dato que el entrevistado marcó como sospechoso: los abogados que representaban a los extrabajadores renunciaron a la causa el mismo día en que se reunieron en privado con el magistrado.

Ante la falta de avances en la Justicia, los extrabajadores pusieron la mirada en el Gobierno provincial: le piden que, como accionista de la empresa y responsable de otorgarle la concesión del servicio, presione a la distribuidora para que se sienta a negociar una deuda que, insisten, ya lleva tres décadas sin resolverse.