República Dominicana fiscaliza 40 comercios chinos y evalúa nuevos cierres
Pro Consumidor fiscalizó 40 locales de propietarios chinos en República Dominicana y evalúa clausurar otros diez por fallas sanitarias y productos sin registro.

En República Dominicana, el organismo de defensa del consumidor fiscalizó decenas de locales comerciales de propietarios chinos y evalúa cerrar varios más. Pro Consumidor, el instituto estatal que vigila los derechos de los consumidores, fiscalizó al menos 40 comercios y todavía tiene abiertos varios expedientes por posibles infracciones a las normas de protección.
Las inspecciones apuntaron a tres frentes: el estado sanitario de los locales, si los productos que venden tienen los registros correspondientes y cómo exhiben la mercadería. Según contó Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor, citado por Diario Libre y recogido por Infobae, más de 20 establecimientos presentaron irregularidades. Algunos ya corrigieron lo que encontraron los inspectores; otros siguen bajo revisión o esperan una resolución.
El organismo dominicano no descarta ampliar la lista de cierres: prevé clausurar temporalmente a cerca de diez negocios en los próximos días, mientras avanza el análisis jurídico de cada caso. Alcántara explicó que la medida se mantiene hasta que el local corrija lo detectado durante el operativo y que, después de eso, se hace una nueva visita: si el comercio cumplió, Pro Consumidor puede autorizar que vuelva a abrir, de manera provisional o definitiva; si no, la clausura puede extenderse sin fecha de vencimiento.
Entre los problemas que encontraron los inspectores aparecen cuestiones de higiene, presencia de plagas y mercadería sin la habilitación sanitaria que exige la ley. También detectaron un punto que llamó la atención del organismo: locales que ponían artículos para adultos junto a juguetes para chicos, algo que Pro Consumidor considera una falta a la protección de los menores. A eso se suma una sospecha más, todavía en estudio: que parte de lo que se vende imita productos de otras marcas sin tener licencia para fabricarlos o comercializarlos.
La fiscalización se ampara en la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor, y el propio organismo precisó que los controles se endurecieron después de que se acumularan denuncias durante los últimos cinco o seis meses. No se difundió en qué provincias se concentraron los operativos ni los nombres de los comercios bajo revisión.
El trasfondo económico de la medida no es menor. Un cierre, aunque sea temporal, corta las ventas de un día para el otro y obliga a los propietarios a invertir en corregir lo que esté mal, desde el registro de productos hasta la forma de exhibir la mercadería. Para los comercios que ya cumplen con esas exigencias, el endurecimiento de los controles puede achicar la diferencia de condiciones con los que no las cumplían.
Alcántara se encargó de aclarar un punto sensible: según remarcó, los operativos no apuntan puntualmente a comerciantes de nacionalidad china, sino que el criterio de control es el mismo para cualquier local, sin distinción de origen. Pro Consumidor ya avisó que no va a frenar los operativos y que podría anunciar nuevas intervenciones entre el final de esta semana y el comienzo de la siguiente.
La disputa sobre cómo se controla al comercio minorista de origen chino no es un tema ajeno a Salta: los autoservicios y almacenes atendidos por esa comunidad son parte habitual del paisaje comercial de los barrios de la provincia, y las mismas preguntas de fondo —registro de productos, condiciones sanitarias, competencia leal con el comercio local— se repiten acá como en cualquier ciudad con ese tipo de negocios.
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