La Justicia postergó la elección de la UTA por irregularidades en el padrón
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo postergó los comicios de la UTA previstos para el 7 y 8 de octubre y fijó una nueva fecha para el 17 y 18 de diciembre, tras detectar miles de exclusiones irregulares en el padrón del gremio de los colectiveros.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que la elección de autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato de los colectiveros, no podía realizarse en las condiciones actuales y postergó los comicios que estaban fijados para el 7 y 8 de octubre. La nueva fecha de votación quedó establecida para el 17 y 18 de diciembre, según informó La Nación.
El tribunal ordenó "retrotraer el proceso electoral" del gremio a la etapa de presentación de listas y avales, aunque rechazó la suspensión total del proceso y mantuvo en funciones a la Junta Electoral Central y a las juntas locales. Sí dispuso que ese trabajo quede bajo la fiscalización permanente de un veedor judicial, el abogado Matías Cremonte, con acceso a registros, bases de datos y documentación para controlar cada etapa.
La causa había sido iniciada por la opositora Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, actual jefe de la seccional Mar del Plata, y patrocinada por el abogado Leandro Recalde. Según el fallo, firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, el tribunal había intentado primero que el propio órgano electoral corrigiera las anomalías, pero las irregularidades persistieron y en algunos casos se agravaron.
La disputa llega en un momento sensible para el gremio: el secretario general, Roberto Fernández, de la Lista Celeste y Blanca, busca revalidar su cargo por quinta vez. Además de Escriba, se anotaron como candidatos el exoficialista Alberto Patiño, de la Lista Marrón, y el trotskista Claudio Gómez, de la Lista Bordó.
El padrón cuestionado fue uno de los ejes del fallo. La Cámara detectó procesadas entre junio y agosto bajo la causal genérica "Cese Laboral", sin indicar la fecha de finalización del vínculo, un dato relevante porque la normativa mantiene la afiliación y el derecho a votar durante seis meses tras la desvinculación. También constató más de 500 altas y más de 1000 exclusiones adicionales sin la documentación ni la audiencia previa que exige el procedimiento. Para el nuevo proceso, exigió que las altas tengan respaldo documental y que ninguna exclusión se resuelva sin escuchar antes al afiliado.
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