Pozo petrolero contaminado en Orán: la Justicia le dio diez días a YPF y President Petroleum para presentar un plan de cierre

Un juzgado de San Ramón de la Nueva Orán les puso fecha límite a dos petroleras. YPF S.A. y President Petroleum S.A. tienen diez días hábiles para entregar un plan que termine de cerrar el pozo Lomas de Olmedo X-10, en el paraje Puesto Guardián, y que además contenga la contaminación que todavía hay en ese terreno.

La resolución, notificada el 23 de octubre, responde a un pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, que advirtió sobre el riesgo de que las sustancias presentes en la zona se extiendan hacia campos de uso agrícola y ganadero con la llegada de las lluvias. El juez Ramiro Morizzio hizo lugar a la medida cautelar ambiental —de carácter urgente, preventivo y provisorio— a partir de pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que constataron emanaciones de gases sin controlar y una sustancia depositada en la superficie cerca del pozo.

El plan que deberán presentar las empresas tiene que incluir una metodología de intervención, medidas de seguridad, mecanismos para impedir nuevas surgencias, un cronograma de ejecución y un sistema de monitoreo posterior. También deberán sumar un plan de contingencia para evitar que la sustancia ya depositada se propague, con la intervención de las secretarías provinciales de Ambiente y de Minería y Energía. La resolución aclara que estas medidas no definen todavía la responsabilidad de cada empresa, sino que buscan neutralizar el riesgo mientras sigue la causa.

El caso tiene antecedentes: los primeros derrames del pozo se hicieron notorios en agosto de 2023, cuando productores de la zona —entre ellos Aureliano Reyes, de la finca El Estanque— denunciaron daños en suelos, agua, vegetación y muerte de animales. Según estimaciones ya difundidas, sellarlo definitivamente podría demandar una inversión cercana a los 15 millones de dólares, con la perforación de un pozo de alivio para interceptar las fugas. En una resolución anterior, el propio juez Morizzio había sostenido que esos costos deben quedar a cargo de la empresa concesionaria.

La provincia ya atravesó un conflicto parecido con el pozo MdT-14, en el yacimiento Martínez de Tineo, donde las fugas denunciadas desde 2006 recién se controlaron en 2012, tras más de una docena de intervenciones y un fallo que obligó a YPF a ejecutar el plan de abandono. La situación financiera de una de las intimadas agrega otra incertidumbre: President Petroleum entró en concurso de acreedores en octubre de 2024, con una deuda que entonces declaró en algo más de 61 millones de dólares, y cerca de 48 millones de ese total vencían en el corto plazo.