ARCA detectó una maniobra que usaba la identidad de trabajadores rurales pobres para cobrar reintegros de IVA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desbarató una asociación ilícita que usaba los datos de personas de bajos recursos para hacerse pasar por productores agropecuarios y cobrar los reintegros de IVA pensados para el campo. El operativo sumó 80 allanamientos en varias provincias y terminó con ocho personas detenidas.

Las medidas las ordenó el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N°2, con la intervención de la fiscal Gabriela Ruiz Morales. De los allanamientos participó la Policía Federal, que secuestró maquinaria agrícola, autos, dispositivos electrónicos y valores.

La causa arrancó con una denuncia de la propia ARCA. Según la investigación, la banda reclutaba a personas en situación de vulnerabilidad social para inscribirlas como falsos productores en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), aunque no tuvieran ninguna capacidad real —ni económica ni operativa— para producir nada en el campo.

El negocio apuntaba al Régimen Especial de Reintegro Sistémico del IVA, el mecanismo por el que el organismo devuelve de forma automática, en la cuenta bancaria del productor, parte o la totalidad de las retenciones de IVA que se cobran al vender granos o semillas. Para acceder a ese reintegro hay que cumplir varios requisitos: no tener deudas impositivas, previsionales ni aduaneras; contar con la Liquidación Primaria de Granos vinculada a su certificación electrónica; declarar el impuesto en la declaración jurada mensual; y tener registrada una cuenta bancaria propia en la plataforma del organismo. La acreditación se hace hasta el último día hábil del mes posterior a esa declaración, lo que en la práctica demora unos 45 días.

Según reconstruyó la investigación, la organización abría y manejaba las cuentas de esos falsos productores con tarjetas de débito que quedaban en poder de los propios integrantes de la red. Así, la plata que el fisco devolvía terminaba en manos de quienes armaban el esquema y nunca llegaba a los supuestos trabajadores rurales cuyos datos se habían usado para anotarlos.

El SISA —que administran en conjunto ARCA, el Senasa y el Instituto Nacional de Semillas— es el sistema que unifica los registros de productores, operadores y propietarios de campos de todo el país. La inscripción es obligatoria para quien participe de la cadena de comercialización de granos, semillas o legumbres secas, lo que explica por qué una identidad robada alcanza para activar el circuito del reintegro sin que haga falta un campo real detrás.