Jujuy investiga la matanza de vicuñas y pide ayuda a Gendarmería

La Puna jujeña perdió este año cerca de 350 vicuñas a manos de cazadores furtivos, y la cifra encendió una alarma que llegó hasta la Fiscalía Ambiental de Jujuy. El organismo, según informó Infobae, abrió una causa para desarmar una red dedicada a matar al camélido silvestre y comercializar su fibra, y sumó a Gendarmería Nacional y a otras fuerzas de seguridad para frenarla.

El expediente avanza con el aporte de las propias comunidades de la Puna. Entre el 20 y el 21 de octubre se reunieron en los sectores más golpeados fiscales, pobladores y uniformados: hubo representantes de comunidades originarias y personal del INTA Miraflores, además de integrantes de CAMVI, de la Asociación de Criadores de Vicuñas y de la comunidad de Larcas, junto a policías de Jujuy, de la Policía Federal y también de Bolivia. Al frente de la pesquisa está el fiscal Javier Sánchez Serantes, que ordenó inspecciones oculares tanto en los puntos donde se registraron las matanzas como en los apostaderos de piedra donde los cazadores se ocultan para esperar a los animales.

El negocio explica por qué la caza no para. Un vellón de vicuña pesa entre 200 y 250 gramos y en el circuito ilegal se vende desde unos USD 150, pero si esa fibra termina convertida en un poncho el precio puede llegar a los USD 1.300, detalló el propio Sánchez Serantes. La Justicia sigue ese rastro hacia dos destinos: una feria en Jujuy que no reveló para no entorpecer la causa, y otra en Bolivia, además de ofertas que rastrea en redes sociales.

El golpe más reciente quedó a la vista en Ciénaga de Paicone, donde un vecino encontró 12 vicuñas muertas a 20 kilómetros del pueblo. Sebastián Arias, presidente de esa comunidad originaria, contó que la tropilla silvestre de la zona tenía 2.000 ejemplares el año pasado y hoy apenas supera los 300. Citado por Jujuy al Momento, relató que "un poblador halló 12 vicuñas muertas a 20 kilómetros del pueblo" y describió el método de los cazadores: "matan con los rifles y sacan todo el cuero, que es lo que vale y tiene un precio bastante elevado".

La frontera porosa complica el control. Según Arias, su comunidad tiene 370 habitantes, un paso sin habilitar a sólo cuatro kilómetros y un único policía sin vehículo para vigilar una zona de altura, por encima de los 4.500 metros, donde los ataques se concentran durante el invierno. Sánchez Serantes no descarta que entre los responsables haya cazadores de otras provincias o de Bolivia, y una de las hipótesis que investiga vincula el aumento de los casos con un brote de sarna entre las vicuñas de Perú que habría empujado a los cazadores hacia el lado argentino.

La Fiscalía también pidió información al organismo nacional que controla las armas de fuego, porque las denuncias indican que todos los animales fueron abatidos a los tiros, y lanzó una campaña para que las comunidades denuncien cada episodio de caza ilegal que detecten. Arias aseguró que ese reclamo ya se había hecho antes ante las autoridades, sin respuesta.