Guatemala descartó que el crimen de un diputado fuera violencia electoral y lo dejó en manos de la fiscalía

El organismo que vigila las elecciones en Guatemala resolvió que no le corresponde investigar el crimen del diputado Julio Portillo: según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no hay ningún elemento que conecte el ataque armado con la disputa por los votos, así que el expediente queda entero en manos de la policía y la fiscalía.

La definición la dio este lunes el magistrado Mario Velásquez, al cierre de la inauguración de la Mesa Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral, un espacio pensado para anticipar tensiones de cara a los comicios generales de 2027. Ante las preguntas de los periodistas, el funcionario trazó una línea clara entre lo que el tribunal puede fiscalizar y lo que no: la violencia política en general, dijo, puede tener muchos orígenes, pero sólo entra en la categoría de conflictividad electoral cuando nace directamente de la contienda por el poder.

Para graficarlo, Velásquez enumeró ejemplos de lo que sí cae bajo la lupa del TSE: la quema de boletas, un incidente adentro de un centro de votación o un enfrentamiento entre militantes de partidos rivales. El homicidio del legislador, insistió, no encaja en ninguno de esos casos porque no está probado que tenga que ver con el calendario electoral.

El magistrado remarcó además que el tribunal carece de herramientas legales para abrir una investigación penal o una pesquisa preliminar sobre atentados contra dirigentes. Esa tarea, explicó, es exclusiva de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público, mientras que el mandato del organismo electoral se limita a garantizar la logística del voto y la integridad física de la gente en los centros de votación. Antes de fijar esa postura, Velásquez expresó el pesar de la institución por la muerte de Portillo y de quienes lo acompañaban, y lamentó en términos generales los hechos de violencia que atraviesa el país.

El ataque que costó la vida al legislador había ocurrido tres días antes, el viernes 6 de noviembre, en una emboscada sobre la ruta al Atlántico, en el municipio de Río Hondo, en el departamento de Zacapa. Un grupo armado con fusiles de asalto interceptó frente a un puesto policial a la comitiva en la que viajaba el diputado y abrió fuego directo contra los vehículos. En el cruce de disparos murieron también tres agentes de la Policía Nacional Civil que integraban la custodia: Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol.

Portillo, de 35 años, recibió varios impactos de bala en el rostro y la cabeza. Llegó con vida al Hospital Regional de Zacapa, pero murió horas después mientras lo operaban. Los investigadores del Ministerio Público recolectaron en el lugar 57 indicios balísticos de grueso calibre.

El legislador ocupaba una banca para el período 2024-2028 en representación del departamento de Zacapa. Había llegado al Congreso con la boleta del partido Cabal, aunque apenas una semana antes del ataque, el 31 de octubre, había formalizado su pase a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Tras conocerse el crimen, tanto la dirigencia de su nuevo espacio político como distintos sectores del Parlamento reclamaron que la investigación avance con rapidez para identificar no sólo a quienes dispararon, sino también a los responsables de haber ordenado el ataque.

La postura del TSE, difundida por Infobae, deja sin resolver la pregunta de fondo que había quedado abierta desde el ataque: quién ordenó matar a un diputado en funciones y por qué. Esa respuesta, según el propio tribunal, no va a salir de un organismo electoral, sino de una causa penal que todavía no tiene sospechosos identificados públicamente.