El hermano de Lautaro Teruel admitió haber pagado para proteger a su hermano en la cárcel

En la octava jornada de la audiencia de debate contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, la actividad inició con el testimonio de dos peritos especializados en trabajo social.

El hermano de Lautaro Teruel, interno de la UC 1, mencionado por un testigo como una de las personas que habría obtenido beneficios a cambio de dinero. Relató que, debido a la notoriedad de su padre y a la exposición mediática del juicio, su familia recibió múltiples amenazas en su casa, en la vía pública y por redes sociales.

Afirmó que a su hermano le advertían que “lo iban a violar” y que, ante esa situación, decidió pedir ayuda a Baldomero Darío Córdoba, amigo suyo desde hace veinte años, quien también tiene un hermano alojado en el penal. Consultado sobre por qué no denunció las amenazas, respondió que la causa de su hermano fue “arbitraria” y que no confiaba en la justicia. Según su testimonio, tras recurrir a su amigo cesaron las agresiones y su hermano estuvo a salvo, por lo que consideró que la “protección” funcionó y que, de estar en la misma situación, volvería a actuar igual.

En su declaración admitió que le entregó a Córdoba dinero en efectivo en dos oportunidades y realizó una transferencia bancaria, a modo de «agradecimiento» por proteger a su hermano. «Como una propina que uno da en un lugar cuando te atienden bien», manifestó. Además, dijo suponer que el dinero llegó al funcionario del Servicio Penitenciario. “Estas personas nos ayudaron. Estamos agradecidos”, afirmó.

Agregó que no tenía contacto directo con el guardiacárcel, aunque sabía que lo apodaban “Chato”, y que muchas veces recibía de él información sobre el estado de su hermano o la llegada de insumos médicos que la familia enviaba.

Al finalizar este testimonio, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— anunció que reservaba la posibilidad de ampliar la imputación por el delito de cohecho.