Un diputado de la oposición le pidió a la AGN que audite toda la privatización de AySA antes de que se firme el traspaso

El diputado nacional Guillermo Michel, de Unión por la Patria, le reclamó a la Auditoría General de la Nación que revise de punta a punta el proceso que transfiere Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a manos privadas. El pedido llegó apenas semanas antes de que venza el plazo para cerrar el contrato de venta.

Michel, cercano a Sergio Massa y ex director general de la Aduana, elevó la solicitud ante Juan Manuel Olmos, presidente del organismo de control, amparado en su banca en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. Esa comisión es la que habilita a un legislador a pedir que se investigue cómo avanza una transferencia de este tipo.

En su presentación formal, el legislador pidió que el organismo "resuelva incluir en el Programa Operativo Anual 2026 y dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento" de la venta total de las acciones que el Estado todavía conserva en la empresa.

No es el primer cuestionamiento de Michel al proceso: la semana pasada ya había cargado contra la operación en declaraciones radiales, con una pregunta que apuntaba al usuario final del servicio: quién respondería si a un vecino de González Catán le cortan el agua una vez que la empresa quede en manos de un fondo extranjero.

El 22 de octubre el Gobierno nacional había adjudicado la licitación por AySA por US$340,2 millones a un consorcio que integran Rowing SA —vinculada a Walter Román—, la firma Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA, la empresa de Mauricio Filiberti, conocido en el sector como "el Rey del Cloro". La operación alcanza al 90% del paquete accionario que hoy está en manos del Estado nacional en una compañía que abastece de agua potable a 14 millones de personas.

La adjudicación quedó formalizada en la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial, que dio por cumplida la segunda etapa de la licitación pública nacional e internacional. Lo que falta ahora es la firma del contrato definitivo, para la que el Gobierno fijó como tope el 13 de noviembre.

El esquema legal detrás de la venta combina la Ley Bases —que declaró a AySA sujeta a privatización— con el decreto 494/2025, que habilitó la venta de la participación estatal. Esas normas preveían transferir al menos el 51% a un operador estratégico y vender el resto por separado, pero la licitación que se adjudicó terminó incluyendo de una sola vez el 90% completo. El 10% restante seguirá en poder de los trabajadores a través de un programa de propiedad participada que conduce el sindicato que encabeza José Luis Lingeri.

El consorcio ganador, además del precio de la licitación, deberá invertir US$1940 millones durante los primeros cinco años de la concesión y US$15.040 millones a lo largo de sus 30 años de vigencia, que se extienden hasta 2056 con una prórroga posible de una década más. Entre los compromisos figura un objetivo de cobertura para los primeros diez años: el servicio de agua debería pasar de 75,3% a 78,9% de la población, y el de cloacas subiría de 63,9% a 65,3%.

El pedido de auditoría de Michel, publicado primero por La Nación, llega en la recta final del proceso: antes de que el 13 de noviembre quede sellada la salida del Estado de una empresa que, hasta ahora, prestaba un servicio público a millones de usuarios en el país.