Condenaron a una familia por explotar a una adolescente de 13 años y obligarla a casarse

El joven con el que se casó la chica también fue condenado.

La Justicia Federal condenó a un matrimonio y a su hijo por captar, trasladar y explotar a una adolescente de 13 años, a quien obligaron a mantener una unión forzada con el joven, integrante de la misma familia.

El fallo fue dictado por el juez federal Daniel Doffo, de San Juan, quien impuso penas de 10 años de prisión para Alberto Cristo, Isabel Cristo y su hijo Franco, encontrados culpables del delito de trata de personas agravada por tratarse de una víctima menor de edad.

Además, el tribunal ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos para la joven, que durante años sufrió situaciones de violencia, explotación y vulnerabilidad.

Según la investigación, los condenados entregaron 825 mil pesos a los padres de la adolescente para concretar el matrimonio en Neuquén, entre marzo y abril de 2022. Posteriormente, la víctima fue trasladada a Santa Fe, donde permaneció hasta diciembre de 2024 bajo condiciones de explotación sexual, doméstica y laboral.

Durante ese período, la adolescente fue obligada a realizar tareas domésticas, vender productos en la calle y entregar todo el dinero obtenido a la familia. De acuerdo con la causa, también sufrió agresiones físicas, amenazas e insultos.

La investigación determinó que la joven era sometida a constantes situaciones de violencia, incluso durante sus embarazos, y que sus captores utilizaban amenazas relacionadas con la comida y los recursos básicos para mantener el control sobre ella.

El rescate

En diciembre de 2024, la víctima se encontraba en Caucete junto al hijo que tuvo con Franco, cuando familiares intentaron trasladarla nuevamente por la fuerza hacia Santa Fe.

La situación fue advertida por una persona en una estación de servicio, quien alertó al 911. Gracias a la intervención policial y al monitoreo de cámaras de seguridad, lograron interceptar el vehículo y rescatar a la adolescente y a su hijo.

La causa fue investigada por la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional en San Juan, con colaboración de organismos especializados en asistencia a víctimas de trata.

Durante el juicio, el fiscal Fernando Alcaraz sostuvo que las prácticas culturales no pueden justificar vulneraciones a los derechos humanos. En la misma línea, la fiscal de PROTEX, Alejandra Mángano, remarcó que el matrimonio infantil está prohibido por tratados internacionales.

Además de las condenas, el juez ordenó el embargo de bienes y el decomiso del vehículo utilizado durante los hechos para garantizar el pago de la reparación económica a la víctima.