Bullying en Salta: qué dice la Ley 8.530 sobre las sanciones a los padres que no intervienen

Esta semana circuló un video que reavivó el debate sobre el bullying: una adolescente contaba, entre risas, cómo había hostigado a una compañera en un viaje de egresados. El hecho ocurrió en un colegio de Catamarca y ya generó una investigación y un sumario para la institución. Pero el episodio también abrió una pregunta que llega directo a las familias salteñas: ¿qué pasa cuando los adultos saben del acoso y no hacen nada para frenarlo?

En Salta, esa omisión ya tiene consecuencias previstas. La Ley 8.530, promulgada el 4 de mayo de 2026, incorporó al Código Contravencional la responsabilidad de padres, madres, tutores y representantes legales de los chicos que protagonizan episodios reiterados de acoso escolar.

La norma no sanciona a cualquier adulto que desconozca lo que pasa: para que exista una posible pena, primero tiene que haber una notificación formal de la autoridad competente. Sólo si, después de ese aviso, el padre o tutor no toma las medidas pedidas o incumple sin justificación los compromisos que asumió, se habilita el camino de la sanción. La pena prevista es de hasta 30 días de arresto o multa.

Antes de llegar a la Justicia, sin embargo, tiene que agotarse el trabajo de la escuela. La norma pide que la institución o el organismo de protección deje por escrito qué pasó, qué hizo al respecto, cómo avisó a la familia y en qué quedaron esos avisos. Si pese a todo eso la situación se repite, el juez queda habilitado para duplicar la pena y sumar talleres de parentalidad o tratamiento familiar con un equipo interdisciplinario.

La responsabilidad de los padres se suma, no reemplaza, a la de las escuelas. El protocolo provincial obliga a los establecimientos —estatales y privados, de toda la educación obligatoria— a intervenir sin demora apenas detectan, conocen o sospechan un caso de acoso, con medidas de protección, confidencialidad y participación de las familias. Los casos más complejos quedan en manos de equipos técnicos especializados.

El debate por cómo proteger a los chicos en las aulas viene sumando capítulos en Salta. La secretaria de Educación, Patricia Fiore, había advertido por el uso de inteligencia artificial para crear imágenes íntimas falsas de alumnas, otro frente que preocupa a las familias salteñas. Y en paralelo, el Concejo de la ciudad avanza con un proyecto para restringir la venta de bebidas energizantes a menores, otra medida pensada puntualmente para ese mismo público.

El caso de Catamarca, mientras tanto, sigue su curso: el colegio sostiene que actuó con responsabilidad, pero las autoridades educativas iniciaron un sumario para evaluar esa actuación. Ese procedimiento todavía no terminó y no equivale, por ahora, a una sanción firme.