El Concejo de Salta avanza con un proyecto para prohibir la venta de energizantes a menores

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta avanza en el análisis de un proyecto de ordenanza que apunta a frenar la llegada de las bebidas energizantes a los chicos: busca vedar su venta a quienes todavía no cumplieron 18 años, en cualquier comercio del municipio. La iniciativa la presentó el concejal José García, del espacio Yo Participo, y combina sanciones económicas para los locales que no la respeten con la posibilidad de clausura si reinciden.

Para encuadrar qué productos quedarían afectados, el proyecto toma la definición que usa el organismo nacional ANMAT, que clasifica a estas bebidas como suplemento dietario: llevan cafeína combinada con taurina —a veces junto con glucuronolactona e inositol— y, según la fórmula, pueden sumarles vitaminas, minerales, aminoácidos o hidratos de carbono entre los componentes que la normativa permite.

El esquema de sanciones es escalonado: arranca en 150 UT y puede llegar a 300 UT la primera vez que un comercio infrinja la norma; si vuelve a hacerlo, el monto trepa a un rango de entre 300 y 600 unidades tributarias. Una tercera infracción ya habilita la clausura del local, por un máximo de 15 días. Quienes vendan sin estar habilitados para funcionar, directamente arriesgan el decomiso de la mercadería además del cierre, conforme a la normativa vigente.

El debate no se quedó encerrado en el recinto del Concejo. El martes anterior, la Comisión de Legislación General convocó a un plenario con tres cámaras del sector para escuchar su mirada sobre una norma que todavía no existe en el Código Alimentario Argentino: fueron COPAL (agrupa a la industria de productos alimenticios), CADIBSA (representa a los fabricantes de bebidas sin alcohol a nivel nacional) y BEAL, la entidad regional de los productores de energizantes.

Las tres entidades coincidieron en pedirle a los concejales que apostaran más a la concientización y a la educación alimentaria que a una prohibición directa de venta: advirtieron que una restricción tan amplia podría empujar el comercio informal de estos productos y dificultar el seguimiento de su origen. Con esos argumentos sobre la mesa, la comisión decidió no cerrar todavía el debate y volver a reunirse más adelante para seguir tratando el proyecto.

Más allá de las sanciones, el articulado no se queda solo en lo punitivo: suma un capítulo de difusión, pensado para instalar el tema en la televisión, la radio, las redes y la vía pública local, y abre la puerta a que el municipio se asocie con reparticiones estatales, la Policía, cámaras privadas y organizaciones civiles para vigilar su cumplimiento, si es que la ordenanza termina aprobada.

El proyecto todavía no tiene dictamen ni fecha prevista para llegar al recinto: por ahora sigue en la etapa de debate en comisión, con la discusión abierta entre el argumento sanitario que impulsa la restricción y el reparo de la industria sobre sus efectos en el comercio formal.