A pesar de la advertencia de la Justicia, el Gobierno no cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Después de la sentencia para que el Ejecutivo cumpla con la ley dentro de las próximas dos semanas, en Casa Rosada dicen que no cumplirán con la Justicia porque “los fondos totales no están”.

En la resolución, González Charvay ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad a que, en un plazo de cinco días, “informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones”.

Este jueves, en tanto, el ministro de Salud Mario Lugones estuvo reunido con el jefe de Gabinete Manuel Adorni en Casa Rosada por más de una hora. Si bien el titular de la cartera entró y se fue de la Casa de Gobierno sin hacer declaraciones a la prensa, cerca del Presidente aseguraron a este diario que en caso de tener que acatar sí o sí con la medida judicial lo harán con “las herramientas que tengamos”.

Es decir que están pensando, en última instancia, en “maquillar” el cumplimiento de los fallos, pero no en hacerlo como corresponde y de manera completa porque repiten como un mantra la frase: “No hay plata”. En esa línea, argumentan que también están evaluando enviar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley para modificar la norma que ya salió y que los obliga a pagar.

Si bien el oficialismo intentó dejar sin efecto la Ley de emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario cuando el Congreso trató el Presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre, la oposición no lo permitió y excluyó el capítulo que derogaba ambas leyes aprobadas en el recinto. “En ese caso fue complejo porque se trataba de una derogación”, indican en el oficialismo y, por eso, dicen que ahora intentarían avanzar con una ley nueva.

Según la sentencia que hizo ejecutar González Charvay, si el Poder Ejecutivo no cumple con la ley que votó el Congreso en las próximas dos semanas, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.