Tres cubanos en Madrid denuncian trabas para renovar el pasaporte y reavivan la sospecha de una represalia política

Para un cubano que vive lejos de la isla y cuestiona a su gobierno, el documento más común se puede convertir en la herramienta más eficaz de presión. Eso es lo que denunciaron tres activistas radicados en España al intentar renovar el pasaporte en el consulado cubano de Madrid, con relatos que van de la demora injustificada a la presencia de un agente de inteligencia esperando con el trámite en la mano.

Javier Larrea, fundador de la organización Bienestar Animal Cuba, contó en Instagram que la sede diplomática se negó directamente a renovarle el documento. Junto a su caso, difundió los de otros dos compatriotas: Lázaro Mireles, presidente de Acciones por la Democracia en España, y Magdiel Jorge Castro, comunicador independiente. Los tres viven en España y son voces críticas del régimen cubano, según publicó Infobae.

Castro sí logró el pasaporte, pero no sin un trago amargo: debió entregar la dirección y el teléfono de un familiar que todavía vive en Cuba, y al llegar se encontró con algo que no esperaba. "Un agente de la Seguridad del Estado me esperó con el pasaporte en la mano y una carpeta con mis publicaciones impresas en otra tratando de intimidarme. Un tremendo mal rato", relató. Mireles, por su parte, suele presentarse en protestas frente a representaciones diplomáticas cubanas; según contó el 21 de octubre en Facebook, los funcionarios se negaron primero a atenderlo y recién pudo iniciar el trámite al día siguiente.

Los antecedentes de los tres reavivaron las dudas sobre si Cuba usa el pasaporte como mecanismo de presión contra quienes, viviendo afuera, cuestionan al régimen. Diario de Cuba fue el medio que difundió las denuncias.

El trasfondo legal no es menor. La expedición de pasaportes es una función consular reconocida por la Convención de Viena de 1963, que permite a los Estados exigir requisitos pero obliga a que cualquier negativa tenga fundamento legal, se comunique al interesado y se pueda apelar. Ni el periodismo independiente, ni la defensa de los animales, ni la participación en una protesta pacífica entran dentro de esos motivos legítimos. Sin el documento en regla, un cubano no puede entrar a la isla ni moverse con libertad por el espacio Schengen, y hasta puede trabarse un trámite tan cotidiano como pedir la ciudadanía española por residencia, que exige presentar el pasaporte vigente del país de origen.

El cruce de fechas agrega otra capa a la historia: todo esto ocurre a días de que entre en vigor, el 1° de noviembre, la nueva Ley de Migraciones cubana. La ley se aprobó en julio de 2024, y su reglamento llegó después, mediante el Decreto 136/2025; ambos entran en vigor juntos ese día. La norma reconoce de manera expresa el derecho de los cubanos, vivan donde vivan, a obtener o renovar su pasaporte, y no contempla ninguna excepción por motivos políticos. Los casos de Larrea, Mireles y Castro, ocurridos antes de esa fecha, quedan entonces como la prueba de que la letra de una ley y la práctica en una ventanilla consular pueden ir por caminos distintos.