Salta acelera la digitalización del Estado con la expansión de la firma digital
La herramienta, gratuita y con plena validez legal, permite firmar documentos sin papel y reducir tiempos en trámites públicos y privados.
La herramienta, gratuita y con plena validez legal, permite firmar documentos sin papel y reducir tiempos en trámites públicos y privados.
La Provincia de Salta avanza en la modernización administrativa con un impulso decidido al uso de la firma digital, una herramienta que permite validar documentos de manera remota, segura y con el mismo valor legal que la firma manuscrita. La iniciativa apunta a agilizar trámites, reducir el uso de papel y optimizar los procesos tanto en el ámbito estatal como en el privado.
El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Modernización, promueve la adopción de este sistema respaldado por la Ley Nacional N.º 25.506, a la que la provincia adhirió en 2014. Desde el Ejecutivo provincial destacan que la firma digital no solo simplifica gestiones, sino que también fortalece la seguridad jurídica de los documentos.
La emisión de certificados se realiza en la Oficina de Firma Digital, dependiente de la Dirección General de Gobierno Digital, ubicada en el Centro Cívico Grand Bourg, bloque 3, planta baja. Las personas interesadas pueden solicitar turno de lunes a viernes, de 8 a 14, de forma presencial o telefónica.
El trámite incluye una validación biométrica que contempla fotografía y huellas digitales, las cuales se contrastan con la base de datos del RENAPER. Además, se genera una clave personal de uso exclusivo del titular, lo que garantiza la confidencialidad del proceso y la identidad de quien firma. De este modo, el sistema asegura tanto la autoría como la integridad del documento, evitando modificaciones posteriores.
La firma digital puede utilizarse para suscribir una amplia variedad de documentos, desde contratos laborales y administrativos hasta operaciones de compra y venta, escrituras y otros actos legales. Aunque está disponible para cualquier persona, su uso es especialmente frecuente entre quienes ocupan cargos de decisión o representación, como empresarios, profesionales, directivos, apoderados de entidades financieras y funcionarios públicos.
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