Rusia gastó más de un millón de dólares en destruir libros que el Estado declaró prohibidos
Chitai-Gorod, la cadena de librerías más grande del país, retiró y trituró títulos señalados por "propaganda LGBT" bajo una ley que, según su director, se aplica de un día para el otro y sin ningún control.

Imaginemos que una mañana cualquiera, en una librería de Salta, llega una orden: ese libro que estaba en la vidriera desde hace dos años ya no se puede vender. Hay que sacarlo, triturarlo y pagar el trámite de bolsillo. Eso es, a escala gigantesca, lo que pasa hoy en Rusia, donde Chitai-Gorod, la cadena de librerías más grande del país, retiró de la venta y destruyó ejemplares de títulos prohibidos por la ley rusa, y gastó en el proceso alrededor de 100 millones de rublos, unos 1,24 millones de dólares.
El dato lo dio el propio director de la red, Alexandr Brichkin, en una entrevista a la radio rusa RBC que reprodujo el diario Clarín. Según contó, los libros no se pueden tirar a la basura porque la ley los trata como residuos tóxicos: hay que mandarlos de vuelta a los depósitos, procesarlos y después pagarle a otra empresa para que los pase por una trituradora. "Nadie nos compensa los gastos", se quejó, y calculó que a los 100 millones de rublos del reciclado se le suman decenas de millones más en la etiquetación de los títulos con contenido restringido, como los que hablan de consumo de drogas.
Lo más llamativo no es la cifra, sino cómo se decide qué libro cae en esa categoría. Brichkin explicó que la prohibición alcanza títulos que, cuando se publicaron, cumplían perfectamente con la ley. El problema aparece después, cuando una revisión de "expertos" determina que el libro contiene algo de "propaganda LGBT", la etiqueta que las autoridades rusas prohibieron desde diciembre de 2022 y que el Tribunal Supremo del país usó para declarar "extremista" a todo el movimiento. A partir de ahí, la responsabilidad es penal, y esas decisiones, dijo el librero, "siempre son tomadas de repente".
Ahí está el punto que más le preocupa a Brichkin: no existe ningún proceso de certificación para esos expertos. "¿Acaso un experto tiene la cualificación necesaria para determinar qué contenido incluye elementos LGBT y cuál no? ¿Existen otros expertos que no detectarían esta propaganda?", preguntó, y agregó que si algunos no la detectan, nada garantiza que otros tampoco lo hagan. Para él, ahí hay una falta de transparencia que termina pesando sobre los libreros, no sobre quien escribió el libro ni sobre quien decidió prohibirlo.
El caso de Chitai-Gorod no es aislado. En abril, las autoridades rusas detuvieron al director general de Eksmo, la editorial más grande del país, acusado de difundir literatura sobre homosexualidad. Dos meses antes, la editorial Popcorn Books había sido procesada por la misma causa y anunció su cierre definitivo.
Es una pregunta que en Salta no se nos ocurre hacernos todos los días, porque acá nadie revisa qué hay en la mesa de saldos de una librería: ¿qué pasa cuando el Estado, y no el lector, decide qué libro se puede abrir? SaltaNews ya contó la historia de Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense que perdió su país por lo que escribía, y también el castigo que Cuba le aplica a la pareja de un periodista preso por llevarle libros a la cárcel. La diferencia, en el caso ruso, es que la censura también le pasa la factura al que vende los libros: casi un millón doscientos mil dólares en máquinas trituradoras, pagados por una cadena de librerías que sólo estaba haciendo su trabajo.
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