Un papá salteño litigó casi una década y logró que la Corte Suprema abra los resultados de Aprender por escuela
La Corte Suprema falló a favor de Rafael Argañaraz Olivera, el padre salteño que pidió por años conocer el rendimiento de las escuelas de Salta en las pruebas Aprender, y ordenó desagregar los datos por establecimiento.

Cuando Argañaraz Olivera quiso cambiar de colegio a su hija en 2017, se topó con una pared que terminó llevándolo, casi una década después, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal le dio la razón: ordenó que se publiquen los resultados de las pruebas Aprender escuela por escuela, algo que el Estado nunca había hecho en el país.
La hija de este padre salteño estaba terminando la primaria y la familia evaluaba otras opciones. Buscaba, según contó a LA NACION, "elementos objetivos" para comparar instituciones, y pensó que las pruebas Aprender podían servirle: el Gobierno las difundía como una herramienta para medir el sistema educativo.
La sorpresa llegó cuando entró a buscar los datos: la información oficial estaba agrupada a nivel de Salta capital, sin distinguir una escuela de otra. "Fue una frustración tratar de entender por qué no se hacía pública", recordó.
Esa inquietud lo llevó a pedirle al Ministerio de Educación de la Nación los reportes completos de los colegios e institutos de formación docente de Salta que habían rendido las pruebas Aprender y Enseñar en 2016 y 2017. La respuesta fue negativa: el organismo invocó el secreto estadístico y ofreció, como máximo, datos agregados por municipio con al menos dos establecimientos.
Como esa salida no resolvía lo que buscaba, el padre salteño presentó una acción de amparo. Perdió en primera instancia, pero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta le dio la razón y ordenó entregar los informes de todas las escuelas participantes, cuidando los datos individuales de alumnos y docentes. El Gobierno nacional apeló esa decisión hasta la Corte Suprema, incluso con un dictamen en contra del procurador fiscal.
El fallo que cerró el expediente, identificado como FSA 517/2019/CS1, quedó firmado el 19 de noviembre y ratificó la obligación de desagregar por escuela los resultados de Aprender y Enseñar de 2016 y 2017 en Salta. En el medio chocaban tres derechos: de un lado, el de las familias a enterarse de datos públicos y a tener voz en la vida de las escuelas; del otro, la necesidad de cuidar la intimidad de menores, docentes y evaluadores.
El Gobierno había argumentado que publicar los datos por escuela podía derivar en rankings y estigmatización, y citó la ley de secreto estadístico. Para la Corte, esas razones generales no alcanzaban: el Estado debía mostrar un daño concreto, no una sospecha, para mantener la información cerrada. Los jueces se apoyaron en el principio de máxima divulgación que rige el acceso a la información pública y remarcaron que las evaluaciones educativas sirven para controlar políticas públicas, no sólo para medir aprendizajes. El fallo salió por mayoría; el vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia y pidió devolver el expediente a la Cámara.
Para el demandante, el fallo cambia la relación entre las familias y las escuelas. "Nos damos cuenta de que es un giro copernicano para los padres y los ciudadanos, porque permite controlar y colaborar", dijo, y agradeció a su abogado, Roque Rueda, que llevó el caso por la vía constitucional federal.
La Corte dejó en manos de los tribunales la tarea de definir, caso por caso, qué información se entrega y cuál debe seguir protegida. Es la salvedad que acompaña al fallo: el acceso que gana este padre salteño no es automático para cualquier pedido futuro, sino que cada reclamo deberá volver a probar que el Estado no tiene un motivo concreto para negar los datos.
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