Daniel Ortega no irá a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, en medio del aislamiento de su régimen

Mientras España se prepara para recibir a decenas de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, Daniel Ortega no estará en la foto. El mandatario nicaragüense no viajará a Madrid para la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra el 4 y 5 de noviembre, según la información que publicó el diario nicaragüense *La Prensa* y recogió Infobae.

La confirmación llegó por boca de un funcionario del propio organismo que organiza el encuentro: Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, les dijo a medios españoles que Ortega no va a estar en la cita. Hasta el momento de esa publicación, el gobierno de Managua no había dicho si en su lugar mandaría a algún representante.

No es la primera vez que Nicaragua le hace el vacío a esta cumbre: tampoco participó de la edición anterior, la XXIX, que se hizo en Cuenca, Ecuador, en noviembre de 2024. Ortega, que tiene 81 años, da cada vez menos señales de vida pública y dejó buena parte de la vocería del régimen en manos de Rosario Murillo, que funciona como copresidenta y es la cara pública del gobierno.

La organización del encuentro, la Secretaría General Iberoamericana, aclaró que los países cuyos presidentes falten pueden mandar en su reemplazo a un vicepresidente o a un canciller. *La Prensa* dice haber consultado dos veces a las autoridades nicaragüenses sobre una posible delegación y no haber recibido respuesta. Entre los nombres que podrían viajar figuran el canciller Valdrack Jaentschke y el representante de Nicaragua ante España, Denis Moncada, aunque ninguno de los dos fue confirmado oficialmente.

Que el régimen pueda mandar aunque sea a un delegado no cae bien entre los sectores que piden que ni siquiera lo inviten. La politóloga nicaragüense Alexa Zamora, que vive exiliada en España, planteó que la sola presencia de alguien del gobierno de Managua en la cumbre puede leerse como un espaldarazo político, justo cuando distintos organismos regionales reclaman más firmeza frente a la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.

El trasfondo de esta ausencia es una relación cada vez más tensa entre Madrid y Managua. Este año, Nicaragua expulsó al embajador español apenas días después de que asumiera el cargo y redujo la delegación diplomática española a solo dos funcionarios, con el argumento de que España interfería en sus asuntos internos. El gobierno español, por su parte, mantiene una postura crítica frente a los abusos denunciados en Nicaragua y desde 2021 no reconoce los resultados electorales que mantuvieron a Ortega y Murillo en el poder. Como gesto hacia el otro lado, España le dio la nacionalidad a 214 nicaragüenses exiliados o expulsados desde 2023, de acuerdo con datos de la organización Cívico, que sigue de cerca el Boletín Oficial del Estado español; el 23 de octubre se sumaron otros 46 nuevos nacionalizados.

No todo en el vínculo bilateral fue en una sola dirección: en julio, el canciller español José Manuel Albares recibió a Moncada, el enviado nicaragüense en Madrid, un gesto que generó críticas de opositores nicaragüenses radicados en España, que lo vieron como una señal contradictoria frente al discurso oficial más duro.

La cumbre llega además con la Organización de Estados Americanos mirando de cerca a Managua. El 2 de octubre, una reunión de cancilleres de la OEA aprobó una resolución que exige elecciones libres, la liberación de los presos políticos y la formación de un grupo ministerial para dialogar con el régimen, con un plazo de 60 días para armar un informe con recomendaciones. Esa decisión se tomó después de que Ortega anunciara en julio directamente el final de las elecciones en el país, algo que reavivó el debate sobre Nicaragua dentro del organismo regional.

Dora María Téllez, ex guerrillera nicaragüense hoy nacionalizada española, espera que la cumbre de Madrid mantenga esa presión sobre la pareja gobernante y lo conecta con la exigencia de que haya comicios reales y se liberen a los detenidos por motivos políticos. En paralelo, la Unión Europea renovó su esquema de sanciones contra Murillo, sus tres hijos —Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo— y otras 17 personas de la cúpula del régimen, un paquete que rige desde 2019 y que también afecta a la Policía, al Consejo Supremo Electoral y al instituto de telecomunicaciones Telcor.