La Corte repuso los límites a la compra de tierras por extranjeros y el debate vuelve a tocar a Salta

La Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó, por ahora, la eliminación de los topes que pesaban sobre la compra de campos por parte de extranjeros. El tribunal dictó una medida cautelar interina que deja en suspenso la derogación de la Ley 26.737 y devuelve vigencia provisoria a las restricciones, mientras el expediente sigue su curso.

La aclaración importa: no es una sentencia sobre el fondo. La Corte no se pronunció todavía sobre si era constitucional borrar esos límites por decreto. Lo que hizo fue congelar la situación hasta resolver la causa, de modo que en el camino no se consoliden operaciones que después resulten imposibles de revisar.

Qué dice la norma que volvió a regir

Sancionada en 2011, la Ley 26.737 puso un techo a la propiedad extranjera de tierras rurales. El más conocido es el 15% de titularidad extranjera sobre la superficie rural del país, con el mismo porcentaje aplicado a cada provincia y a cada municipio. A eso se sumaban cortes por nacionalidad del comprador y por extensión de las parcelas. El objetivo declarado era poner reglas a la adquisición de grandes superficies.

Esos límites habían quedado sin efecto con el DNU 70/2023, la norma con la que el gobierno de Javier Milei desreguló un paquete amplio de actividades. De ahí nació la discusión que ahora tiene la Corte sobre la mesa: si un decreto de necesidad y urgencia alcanza para desarmar una ley que el Congreso votó, o si la materia exige pasar otra vez por el debate legislativo.

Quiénes impulsaron el expediente

El planteo llegó de la mano de la Asociación Civil Árbol de Pie y de otros demandantes, entre ellos integrantes de los pueblos Lafkenche y Lof Fvta Anecon. La presentación quedó ligada a la acción colectiva que había iniciado el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, y lo que los reclamantes pidieron fue una aclaratoria: querían saber si una resolución anterior del tribunal —que había tratado una cuestión procesal, la de quién estaba habilitado a demandar— también los afectaba.

Para llegar a la decisión, la Corte tuvo que moverse rápido y de manera poco habitual. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz no lograron una posición unánime, así que hubo que sortear conjueces para completar la integración: quedaron Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. El tribunal además recortó de 72 a 24 horas el plazo para recusarlos.

Por qué se siente en Salta

En la provincia la discusión no es abstracta. Según los registros oficiales, el 11,4% de los campos rurales salteños pertenece a capitales de otros países, un promedio que esconde concentraciones mucho más altas: hay departamentos donde la proporción se acerca al 60%. Son tierras atadas a la producción, a recursos naturales y, en varios casos, a territorios que las comunidades originarias reclaman.

El vacío que dejó la derogación también había empujado a las provincias a legislar por cuenta propia. La semana pasada La Pampa envió a su Legislatura un proyecto de tierras rurales con topes propios, apoyado en las facultades que la Constitución reserva a los estados provinciales sobre el uso del suelo. Con la cautelar de la Corte, ese marco nacional vuelve a estar en pie, aunque sea de forma transitoria y a la espera de la definición final.