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El Senado convirtió en ley el régimen de discapacidad y fija plazos para pagar la deuda con los prestadores

Con 71 votos y ninguno en contra, la ley reemplaza la emergencia por un esquema permanente, obliga al Certificado Único de Discapacidad y le da al Gobierno 30 días para presentar un cronograma de pagos.

Por Salta News
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El Senado convirtió en ley el régimen de discapacidad y fija plazos para pagar la deuda con los prestadores

El Senado dejó de prorrogar la emergencia en discapacidad y la convirtió en una ley permanente. La votación, unánime, reunió 71 votos a favor y ninguno en contra: sólo faltó la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti. Diputados ya la había respaldado por amplia mayoría, con 237 votos, así que la sanción quedó firme esta tarde.

Hasta ahora, el esquema de atención y prestaciones para personas con discapacidad dependía de una emergencia que el Congreso iba renovando. La nueva norma lo reemplaza por una regla fija, y entre sus puntos hay uno que va a notarse en los consultorios y las oficinas de trámites de todo el país: por primera vez, la ley establece por escrito los requisitos para acceder a una pensión por discapacidad, algo que hasta ahora definía el Poder Ejecutivo. A partir de ahora hacen falta tres cosas: el Certificado Único de Discapacidad (CUD) —el mismo documento sobre el que Salud Pública en Salta detalla qué papeles pide—, una evaluación socioeconómica y no superar un ingreso individual de dos salarios mínimos.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, llevó la votación y reconoció en su discurso algo que el propio oficialismo había usado como argumento para frenar la ley: habló de "certificados falsos", pero también admitió irregularidades en el otorgamiento de pensiones y en las auditorías que, según dijo, obligaban a muchos beneficiarios a probar varias veces la misma condición. Uno de los avances que destacó es que la ley ahora permite cobrar la pensión por discapacidad y, al mismo tiempo, tener un trabajo registrado, algo que antes chocaba con el sistema.

La norma también le pone números a la deuda acumulada con los prestadores del sistema: el Ejecutivo tiene 30 días desde que la ley entre en vigencia para presentar un cronograma de pagos, y un máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes. Y para que las prestaciones no se licuen con la inflación, fija una actualización mensual del nomenclador, un mecanismo que el propio Gobierno había eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027 que mandó al Congreso. Esa maniobra, de hecho, fue la que encendió la pelea: Bullrich lanzó un "no me tomen por tonta" cuando se enteró de que el Presupuesto incluía artículos que derogaban partes centrales de la ley que un sector de su propio bloque venía negociando.

Entre quienes empujaron ese acuerdo estuvo la diputada cordobesa María Laura Rodríguez Machado, mano derecha legislativa de Martín Menem, que junto a su par Giselle Castelnuovo —con llegada directa a Karina Milei— negoció con Unión por la Patria hasta sumar el respaldo de casi toda la bancada peronista. Ese consenso en las dos cámaras es, además, lo que vuelve casi imposible un veto: al oficialismo le costaría reunir los votos para sostenerlo.

No faltaron las citas al papa León XIV, que durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole había dicho que "el progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes". Legisladores de distintos signos repitieron la frase en el recinto, aunque desde el bloque peronista cuestionaron que el interés del Gobierno fuera genuino y recordaron el veto anterior a una ley similar, que ambas cámaras rechazaron y terminó en la Justicia.

La ley, además, mantiene vigente la Ley 26.816 de empleo protegido para personas con discapacidad y garantiza a los beneficiarios de pensiones por invalidez el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud, según informó La Nación.

El Senado, de paso, dejó arreglada su próxima sesión: el jueves 26 de noviembre tratará también la suspensión de las PASO, un proyecto para prevenir la ludopatía y una prórroga del Estatuto del Periodista.

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