La Pampa presentó su propia ley de Tierras ante el vacío normativo nacional

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley de Tierras Rurales que busca crear un marco normativo propio "ante la inexistencia de regulación nacional en la materia", según informó ambito.com. La iniciativa llega después de un fallo de la Corte Suprema que reabrió la discusión sobre las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros en todo el país.

Bajo la nueva norma, directamente no se podrán vender a extranjeros, sean personas o empresas, los campos que tengan dentro ríos, acuíferos, lagunas, humedales o monte nativo, ni los que caigan dentro de un área protegida. Tampoco van a poder ser dueños de tierras rurales pampeanas los gobiernos de otros países ni las compañías en las que un Estado extranjero tenga participación.

En los demás casos, la posesión y la propiedad de campos por parte de extranjeros queda permitida pero con un techo: según qué tan productiva sea la zona, el límite de superficie por titular arranca en 1.000 hectáreas y puede subir hasta 20.000. A eso se suma un tope conjunto: los extranjeros no podrán quedarse con más del 15% de la tierra de la provincia ni de ningún departamento en particular, y dentro de ese porcentaje una misma nacionalidad no podrá superar el 30%.

Hay excepciones pensadas para quien ya hizo su vida en el país: quedan afuera de estos límites los extranjeros con diez años de residencia, los que llevan cinco años viviendo ahí y tienen hijos argentinos, y quienes puedan demostrar un matrimonio o una convivencia de cinco años o más con una pareja argentina.

Ziliotto justificó la medida en las facultades que la Constitución Nacional les deja a las provincias y no al Estado federal, entre ellas decidir sobre el uso del suelo y los recursos naturales de su territorio, algo previsto en sus artículos 121 y 124. A nivel provincial, el proyecto se apoya en los artículos 18 y 33 de la Constitución de La Pampa, que ponen al cuidado del ambiente y a la función social de la propiedad por encima del interés individual. Como antecedente directo menciona la ya derogada Ley Nacional 26.737, que regulaba este mismo tema a escala país, y recuerda que límites parecidos a la compra de campos por extranjeros existen hoy en Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Ecuador, Perú, Canadá, Suiza, Austria, Hungría, Australia, Nueva Zelanda, China, Tailandia y en algunos estados de Estados Unidos.

El proyecto pampeano se da en paralelo a una maniobra de la Corte Suprema en un expediente que podría volver a poner en discusión la derogación de la ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/23 de Javier Milei. El alto tribunal firmó una resolución para acortar a 24 horas —en lugar de las 72 habituales— el plazo para que quede consentida la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, que ya "han aceptado el cargo". La resolución sostiene que, "en atención a las particulares circunstancias de la causa", correspondía abreviar ese plazo, y ordena "habilítanse días y horas inhábiles" para tramitarlo.

La definición de esa integración es relevante porque el expediente incluye un pedido de medida cautelar que podría reponer, a nivel nacional, las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.