El 1,3% de los jueces denunciados en el país fue sancionado o removido en casi tres décadas

Un lapidario informe de la ACIJ desnuda el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, donde miles de acusaciones terminan archivadas o cajoneadas, mientras recuerda el histórico antecedente del magistrado salteño que zafó por un voto en el banquillo.

El sistema de control sobre la magistratura federal y nacional en Argentina opera bajo un manto de virtual blindaje corporativo que deja al desnudo la escasa eficacia de los mecanismos institucionales. Un minucioso informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia reveló que, de las más de 5.000 denuncias presentadas contra jueces durante las últimas casi tres décadas, apenas el 1,3 por ciento concluyó con una medida disciplinaria efectiva o la destitución del funcionario.

Lejos de constituir un canal de rendición de cuentas transparente, la gran mayoría de los expedientes acumulados en el Consejo de la Magistratura fueron archivados sin investigación preliminar, desestimados de plano o dejados vencer por el simple transcurso del tiempo, consagrando un esquema de escasa asiduidad en la aplicación de sanciones.

El estudio expone que, de un total de 5.170 acusaciones recibidas desde 1999, casi 5.000 ya fueron cerradas de forma definitiva —incluyendo miles de desestimaciones y cientos de expedientes que caducaron por inacción—, mientras que solo 64 casos llegaron a buen puerto con algún tipo de apercibimiento o remoción formal. Entre los anales de este opaco funcionamiento histórico resuenan emblemáticos procesos de destitución por corrupción, encubrimiento o graves desórdenes de conducta, así como polémicas absoluciones que marcaron la jurisprudencia nacional.

Un ejemplo indeleble de esa compleja trama de protección corporativa y tensiones políticas se remonta a 2004, cuando el entonces juez federal salteño Ricardo Lona —acusado de encubrir violaciones a los derechos humanos y diversas irregularidades durante la última dictadura— logró eludir el juicio político por la mínima diferencia de un voto en un jurado de enjuiciamiento dividido, un hito que sintetiza las profundas deudas pendientes en materia de justicia y control republicano.