Reynoso deberá cumplir 16 años y seis meses de prisión tras la unificación de sus condenas

El exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, deberá cumplir una pena única de 16 años y seis meses de prisión, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta resolviera unificar las dos condenas firmes que recibió por hechos de corrupción durante su desempeño como magistrado. La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de las juezas Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi, mientras que el juez Domingo José Batule votó en disidencia y propuso establecer una pena de 15 años.

La resolución no modificó su situación de detención: Reynoso continuará bajo el régimen de prisión domiciliaria. El tribunal dejó pendiente el tratamiento del pedido de libertad presentado por la defensa, que deberá analizarse una vez realizado el cómputo de la pena y recibidos los informes de los organismos de seguimiento. Durante la audiencia, el fiscal general Carlos Martín Amad había solicitado una condena unificada de 18 años, mientras que los abogados del exmagistrado pretendían reducirla a 13 años y obtener su inmediata liberación. Como alternativa, sostuvieron que una pena de hasta 15 años permitiría considerar cumplido el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.

Las condenas que dieron origen a la unificación fueron dictadas en dos procesos diferentes. En mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal N° 1 le impuso 13 años de prisión por concusión y prevaricato, sentencia que quedó firme en febrero de 2024. Posteriormente, en agosto de ese mismo año, el Tribunal Oral Federal N° 2 lo condenó a otros cinco años por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión. Esta segunda sentencia adquirió firmeza el 14 de octubre de 2026, luego del rechazo de una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para determinar la pena definitiva, las juezas aplicaron el método composicional y la redacción del Código Penal anterior a la reforma de 2025, al considerar que los delitos fueron cometidos antes de esa modificación. Entre los factores agravantes señalaron que Reynoso se valió de su investidura judicial y de los recursos de la administración de justicia para delinquir, con consecuencias que trascendieron a las víctimas directas y afectaron a la propia institución. En sentido favorable, valoraron su conducta posterior a las condenas, el cumplimiento de las reglas impuestas durante los períodos de prisión domiciliaria y libertad condicional, y el pago de la multa correspondiente a la primera causa.

El fallo también mantuvo la inhabilitación especial para ejercer como magistrado durante 35 años, estableció una inhabilitación absoluta por el mismo período de la condena y confirmó una multa de $90.000, además de la obligación de restituir $500.000 a cada uno de los dos damnificados. Los jueces aclararon que la edad y el estado de salud del condenado podrán ser considerados al evaluar la modalidad de cumplimiento de la pena, pero no constituyen por sí mismos razones para reducirla.