Milei busca acuerdos en el Congreso para destrabar el Presupuesto 2027 y Sáenz reclamó por los subsidios al AMBA

En el Congreso de la Nación se juega una negociación que puede marcar buena parte del rumbo económico del Gobierno de Javier Milei para 2027: a menos de 20 días del cierre de las sesiones ordinarias, el oficialismo todavía no logró cerrar los acuerdos necesarios para avanzar con el Presupuesto 2027. La intención es llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles 25 de noviembre, pero el Gobierno necesita el acompañamiento de los bloques dialoguistas para no repetir una votación complicada.

Según trascendió, el jueves próximo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibirá a representantes de distintos bloques para informarles si el oficialismo está dispuesto a aceptar los cambios que vienen reclamando. En las últimas semanas, los diputados dialoguistas presentaron pedidos vinculados con el financiamiento universitario, las políticas de discapacidad, los recursos para las provincias y las asignaciones sociales.

El punto más conflictivo es el presupuesto de las universidades nacionales: el proyecto oficial prevé 7 billones de pesos, mientras los rectores reclaman un piso de 11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Esa diferencia de 4 billones se da en medio de protestas docentes y medidas de fuerza: CONADU Histórica anunció un paro universitario del 12 al 18 de noviembre, al que adherirán docentes de la Universidad Nacional de Salta. El otro punto sensible es el financiamiento de discapacidad, donde los bloques dialoguistas piden garantías de que no habrá los recortes planteados inicialmente.

La discusión presupuestaria reavivó además la tensión entre la Nación y los gobernadores del interior. El reclamo más fuerte llegó desde Salta: el gobernador Gustavo Sáenz cuestionó la decisión del Gobierno nacional de aumentar los subsidios a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires para frenar nuevas subas del boleto, mientras las provincias del interior debieron afrontar con fondos propios el sostenimiento del transporte urbano tras la eliminación de los subsidios nacionales.

"El discurso de 'no hay plata' se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior", expresó Sáenz, en una crítica que reabre un debate de larga data sobre la distribución de recursos entre Buenos Aires y las provincias.

Con la fecha límite del 25 de noviembre cada vez más cerca, el oficialismo deberá resolver en los próximos días si acepta las modificaciones que piden los aliados o si arriesga otra votación reñida en Diputados, en un contexto donde los reclamos de universidades, discapacidad y provincias se superponen con la discusión de fondo sobre el reparto federal de los recursos.