Otro colegio de Buenos Aires investiga fotos de alumnas desnudadas con inteligencia artificial

En el Colegio Modelo Lomas, la Justicia investiga un caso en el que estudiantes habrían usado inteligencia artificial para generar imágenes de compañeras desnudas. El hecho se suma a los ocurridos en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, según informó La Nación, y vuelve a poner en discusión los límites legales frente a las deepfakes sexuales.

Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, citado por el medio, midió la magnitud del fenómeno entre adolescentes: sobre una muestra de 912 estudiantes de entre 12 y 19 años, el 1% dijo haber sido víctima directa, el 13% conoce casos en su entorno escolar y el 43% recibió imágenes o videos editados con inteligencia artificial.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) de la Ciudad confirmó a La Nación que las denuncias por este tipo de hechos en establecimientos educativos crecen año a año: cuatro en 2023, cinco en 2024, nueve en 2025 y cuatro hasta julio de 2026.

Ana Correa, autora de *Ciberfeminismo, la hora de la acción*, calificó lo ocurrido como "una forma de violencia sexual digital" y remarcó que "que esas imágenes sean artificiales no significa que el daño sea ficticio". Para la especialista, hace falta reforzar la Educación Sexual Integral (ESI) para incluir de forma explícita el consentimiento y los daños de la manipulación de imágenes, además de mecanismos accesibles para que las víctimas puedan denunciar y frenar la circulación del material.

El vacío legal es el núcleo del problema. La Ley Olimpia reconoce la violencia digital contra las mujeres, pero no penaliza específicamente la creación de imágenes o videos pornográficos falsos con IA ni la difusión no consentida de material íntimo. Cuando la víctima es menor de edad, la Ufedyci recurre al artículo 128 del Código Penal, que castiga la producción y distribución de material de explotación sexual infantil. Florencia Zerda, abogada especializada en cibercrimen, explicó a La Nación que ante la falta de un tipo penal específico "lo que están haciendo muchas fiscalías del país es utilizar la figura de lesiones en contexto de violencia de género", aunque aclaró que "ya hay casos, no hay condenas aún".

Desde 2022 se presentó en tres oportunidades un proyecto conocido como Ley Belén, que lleva el nombre de una policía de Bragado que se quitó la vida en 2020 tras ser extorsionada con la difusión de videos íntimos. La iniciativa busca castigar la creación, comercialización y difusión de montajes de este tipo, tanto para mayores como para menores de edad, pero nunca tuvo tratamiento en la Comisión de Legislación Penal del Congreso.

Genoveva Cardinali, fiscal jefa de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, sostuvo que la Ley Olimpia "no creó un tipo penal que nos dé herramientas efectivas para perseguirla adecuadamente" y definió al fenómeno como "una forma de violencia machista profundamente automatizada y masiva".

En el caso del Colegio Modelo Lomas, la causa quedó radicada en la UFI N° 6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Mariano Bonilla, por el presunto delito de fabricación y distribución de imágenes sexuales de menores de edad. En el caso del Pellegrini, los señalados como autores serían alumnos menores de edad de esa institución y del Nacional Buenos Aires, por lo que son inimputables bajo el régimen vigente hasta julio, cuando se presentó la denuncia; el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años recién empezó a regir en septiembre.

Correa planteó que la respuesta no puede limitarse a lo penal y pidió avanzar sobre la regulación de las plataformas y las empresas que desarrollan herramientas de IA capaces de producir este tipo de contenido. Como antecedentes, mencionó la Online Safety Act del Reino Unido, de 2023, y el Digital Services Act de la Unión Europea, que imponen obligaciones de cuidado a los servicios digitales en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, con sanciones económicas y en algunos casos responsabilidad penal para quienes incumplan.