Milei cambió las reglas del RIGI y abrió la puerta a más competencia para las mineras de Salta
El Gobierno nacional modificó por decreto el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y redefinió qué empresas pueden ser "proveedoras locales", lo que amplía la competencia para las firmas salteñas que buscan contratos mineros y energéticos.

El Gobierno de Javier Milei introdujo cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta con la que la Casa Rosada busca atraer capitales hacia sectores como la minería y la energía. La modificación quedó oficializada este lunes a través del Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, y tiene un interés directo para Salta: la provincia concentra buena parte de las empresas que aspiran a convertirse en proveedoras de los grandes proyectos de litio y minería que avanzan bajo ese régimen.
El punto central de la reforma es la definición de proveedor local, una categoría que hasta ahora generaba dudas sobre qué firmas podían quedar comprendidas. Con la nueva redacción, pueden anotarse en esa categoría tanto las personas físicas con domicilio fiscal en el país como las empresas constituidas y domiciliadas en Argentina, sin que la nacionalidad de sus accionistas o el origen de su capital funcione como barrera. En la práctica, una compañía radicada en el país podrá calificar como proveedora local aunque tenga dueños extranjeros, siempre que cumpla el resto de los requisitos del decreto.
Para las empresas salteñas, el cambio tiene una doble lectura. Por un lado, suma competidores: pymes de otras provincias o firmas con capitales de afuera, pero instaladas en el país, pasan a competir por los mismos contratos vinculados a las inversiones mineras y energéticas. Según el texto oficial que difundió Qué Pasa Salta, eso implica un desafío de escala para las empresas más chicas de la provincia, que ahora deben medirse con firmas de mayor tamaño y respaldo financiero bajo la misma definición.
El decreto también fija condiciones para considerar que un insumo es de origen nacional: los productos que se le vendan a proyectos adheridos al RIGI deben ajustarse a los criterios del Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur, y la autoridad de aplicación todavía tiene que precisar la metodología para verificar ese origen. Tener domicilio en el país, aclara la norma, no alcanza por sí solo para que un producto se considere nacional, un detalle que afecta de cerca a las firmas salteñas que fabrican insumos y equipamiento para la actividad minera.
El RIGI exige que, como mínimo, el 20% del monto destinado a proveedores de cada proyecto se contrate con firmas locales, bajo las pautas de la Ley Bases, aunque esa obligación queda supeditada a que haya oferta disponible en el mercado en precio y calidad similares. La letra chica del decreto aclara además que ser proveedor local no equivale a ser salteño: una empresa de otra provincia, o una sociedad argentina con capital extranjero, puede cumplir igual los requisitos. Por eso, remarca la norma, la reforma no garantiza por sí sola más contratos para las pymes de la provincia: su participación real dependerá de la capacidad productiva y la competitividad de cada firma.
El decreto incorpora, por último, reglas para cuando dos o más proyectos adheridos al RIGI se fusionen o cambien de manos: en esos casos tendrán que pedir autorización a la autoridad de aplicación, y el proyecto resultante conservará los derechos y obligaciones de la adhesión más antigua. También habilita que algunas sucursales transfieran sus proyectos a sociedades anónimas, sin perder los beneficios ya otorgados, siempre que la operación esté autorizada y se manden junto con ella los activos y pasivos vinculados.
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