La cámara que grabó la última persecución de Fernando Rosales, el único desaparecido de El Salvador con detenidos y sin juicio

Entre los 58 expedientes que acompañan al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador hay un caso que avanzó más que los demás en los tribunales, pero que sigue sin resolver la pregunta central: dónde está la víctima. Se trata de Fernando Andrés Rosales, un comerciante de 35 años que desapareció el 5 de marzo de 2022 en la ciudad de Santa Ana, y cuya causa es, según publicó Infobae, la única del colectivo que logró avanzar hasta los tribunales con personas detenidas, aunque el proceso penal quedó atrapado en postergaciones que impiden conocer su paradero.

El medio reconstruyó el caso a partir del testimonio de Esmeralda del Carmen Rosales, hermana de Fernando, quien describió una búsqueda marcada desde el primer día por desorientaciones institucionales y demoras procedimentales. Esa mañana de sábado, Fernando salió temprano de su vivienda en Mejicanos con su vehículo. Se dedicaba a la venta ambulante de ropa y detergentes y recorría mercados de distintos departamentos; ese día se dirigió al Mercado Central de Santa Ana.

Como solía volver o llamar entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde, el silencio de su teléfono encendió las alarmas familiares al caer la tarde. Esmeralda viajó esa misma noche a Santa Ana a buscarlo. Al pedir ayuda en la policía se encontró con indecisión y demoras: la denuncia no se procesó hasta la madrugada del 6 de marzo. Horas después, los investigadores le aseguraron que Fernando estaba detenido en la sede del 911 de Flor Blanca, en San Salvador, pero al llegar la familia comprobó que el dato era erróneo. Fue la propia familia la que terminó localizando el vehículo de Fernando, estacionado en una calle desolada cerca del mercado; las autoridades lo decomisaron para peritajes, pero nunca entregaron informes sobre lo que encontraron adentro.

El avance llegó cuando una abogada querellante se incorporó a la causa y accedió al expediente judicial. Las cámaras de videovigilancia de la zona comercial, sumadas a testimonios —entre ellos el de un testigo bajo régimen de protección—, permitieron reconstruir los últimos minutos con Fernando con vida: advirtió que un grupo de hombres lo perseguía mientras caminaba cerca del mercado y se refugió en una ferretería. Las imágenes muestran a los perseguidores mirando hacia adentro del local a través de los ventanales, haciendo señas antes de simular que se iban.

Antes de salir, Fernando llamó por teléfono a su entonces pareja para contarle lo que pasaba y pedirle que consiguiera una patrulla policial. Pero al ver la calle despejada, decidió abandonar el local e intentar huir. Ahí lo abordó un grupo de aproximadamente ocho personas que lo rodeó y lo obligó a caminar bajo presión física por las calles aledañas. Su rastro se perdió cuando lo metieron por la fuerza a un negocio de ropa usada de la zona.

La investigación permitió detener a cuatro personas —tres hombres y una mujer— vinculadas al entorno del mercado, procesadas por su presunta participación en la privación de libertad de Fernando. A uno de los procesados se le otorgaron medidas sustitutivas a la detención; los otros tres permanecen en prisión preventiva a la espera de la instrucción. Pese a contar con imputados y pruebas, el caso está paralizado: la audiencia preliminar fue suspendida más de doce veces por distintos motivos procesales, lo que posterga año tras año la posibilidad de avanzar hacia un juicio.

Para la familia, detener a los colaboradores no alcanza si no se determina dónde está Fernando ni se identifica a quienes se lo llevaron del lugar. Esmeralda integra hoy la coordinación del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y lleva la voz de su familia a actividades públicas y legislativas del colectivo. "A mí lo que me mueve es la tristeza y el dolor de mis padres. El deseo de mi mamá es tener un lugar donde orarle, un lugar donde llevarle flores y saber que él está ahí", dijo a Infobae. A más de cuatro años de la desaparición, la familia Rosales sigue exigiendo que el único caso judicializado del grupo no termine siendo un expediente más en el archivo de la impunidad.